Instamos a los responsables regionales a una urgente convocatoria de todos los agentes implicados para poner en marcha este programa que es una oportunidad para optimizar los recursos y hacer frente a los nuevos retos sociales que se nos plantean en el contexto socio-económico actual.
El pasado 16 de junio el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las Comunidades Autónomas aprobaron en un Consejo Extraordinarios de Servicios Sociales y Dependencia un nuevo modelo de gestión de las subvenciones con cargo al 0,7 % del IRPF, a través del cual las autonomías se encargan de tramitar el 80% de estos fondos y el Estado el 20% restante.
Es un acuerdo de suma importancia ya que hasta la fecha era el Estado el que gestionaba el 100% de las mismas. Este programa es uno de los más importantes del país con el objetivo de que lleguen las ayudas de forma directa a las personas más necesitadas, potenciando el denominado Tercer Sector y garantizando la cohesión social de nuestro país.
Ya ha pasado casi un mes de dicho acuerdo y desde CC.OO no tenemos constancia de que los responsables de la CARM hayan comenzado a realizar gestión alguna para ponerlo en práctica. Ahora que tenemos la oportunidad de impulsar directamente estas ayudas para los colectivos más desfavorecidos y que tienen un gran calado en nuestra sociedad nos enfrentamos a la pasividad de nuestros dirigentes que no articulan las medidas necesarias para gestionar los casi 8 millones de euros que corresponden a nuestra región para 2017. Esperamos que ese dinero no se pierda por inacción de la Administración Regional.
Este tipo de subvenciones son absolutamente vitales para trabajar solidariamente con la sociedad murciana ya que atienden a personas en situación de pobreza, a personas con discapacidad, a mayores, apersonas en materia de violencia de género y en general a los colectivos más vulnerables.
Resulta evidente que los responsables políticos son los que valoran los problemas de acuerdo a la relevancia política que le otorgan y la disponibilidad de recursos que pueden movilizar. Una información adicional, también de responsabilidad política, es la que se refiere a la urgencia temporal en el abordaje de los problemas.
Al no iniciar de forma inmediata actuaciones en este ámbito ¿Qué importancia le da el gobierno regional a la política social? Mucho nos tememos que las prioridades de nuestros dirigentes son otras como aprobar conciertos a centros educativos privados, mientras que los colectivos más desfavorecidos e incluso en riesgo de exclusión no parece que les interese en la misma medida.
Desde este sindicato instamos a los responsables regionales a una urgente convocatoria de todos los agentes implicados para poner en marcha este programa que es una oportunidad para optimizar los recursos y hacer frente a los nuevos retos sociales que se nos plantean en el contexto socio-económico actual. También exigimos que se dote a la Consejería de Mujer e Igualdad con los medios técnicos y humanos necesarios para la gestión de los citados recursos.
La política de reducción drástica del empleo público en la Administración Pública de la región de Murcia, iniciada en 2012, ha puesto a las consejerías en el precipicio de la imposibilidad de gestionar servicios públicos básicos. Tenemos constancia que la consejería competente en la gestión de los recursos cedidos, la de Familia e Igualdad de Oportunidades, no tiene los medios humanos para gestionarlos. Urge la dotación de personal, de una nueva Sección o Unidad Administrativa, con su parte técnica y su parte administrativa, que haga posible la gestión de los casi 8 millones de euros correspondientes a 2017 y a los que correspondan en años sucesivos, no nos vayamos a encontrar con los prisas y manos en la cabeza de última hora.
Es necesario garantizar la distribución racional de los recursos y la coordinación de todas las actuaciones, con el fin de alcanzar los mayores niveles de bienestar social para los ciudadanos de la Región de Murcia.