El portavoz parlamentario y secretario general de Podemos Región de Murcia ha señalado que leyes como la aprobada hoy son las que alejan a los sindicatos y patronal "de la sociedad, puesto que son acuerdos de cúpulas sindicales y empresariales, mediados por los poderes públicos". Óscar Urralburu ha afirmado que el acuerdo "no aporta ningún tipo de implicación o beneficio para el mundo del trabajo o para las condiciones de vida de la gente. Su verdadera finalidad es financiar a la CROEM y a los sindicatos firmantes con 700.000 euros anuales".

Urralburu ha señalado que la Ley de Participación Institucional aprobada hoy por la Asamblea Regional es "la compensación mediante el pago de 700.000 euros a la suscripción del Acuerdo Social de diciembre de 2016, un acuerdo que fue puramente publicitario y que ha resultado absolutamente inocuo para la creación o la mejora del empleo de la región de Murcia. Lo hacen, además, sin una memoria económica que justifique esta colaboración institucional y que explicite los criterios que sustentan la cifra de 700.000 euros anuales".

El portavoz parlamentario de Podemos ha asegurado que lo que se reivindica desde su grupo parlamentario es "la Acción Sindical por sí misma y la defensa concreta de las condiciones de trabajo en los Convenios Colectivos, por encima de la concertación social". Por ello, Óscar Urralburu ha insistido en que desde Podemos "estamos con las organizaciones sindicales, pero no podemos compartir una lógica política que en lugar de fortalecerlas las debilita erosionándolas desde su base".

Nos gustaría saber, ha dicho Urralburu, "qué pensarán de esta garantía de poder adquisitivo los trabajadores y trabajadoras de los sectores productivos de nuestra Región que no consiguen revisar su convenio colectivo y se ven sometidos a la intemperie retributiva en la que los ha colocado las sucesivas reformas laborales".

Además, para el portavoz parlamentario de Podemos esta Ley es innecesaria, porque las Organizaciones Sindicales y Empresariales intersectoriales más representativas "ya tienen garantizada su participación institucional en los Consejos que señala el Anexo II de la Proposición. Y en los más relevantes la tienen por garantizada por la Ley que los creó".

De hecho, ha añadido Óscar Urralburu, esta Proposición de Ley es "discriminatoria para las restantes entidades representadas en los citados consejos, que con la misma función y responsabilidad no percibirán compensación económica por su participación institucional. Por ejemplo, es una ley de participación institucional por vía parlamentaria para que no haya participación del CES y del Consejo Jurídico".