Podemos defiende mañana en la Asamblea Regional su Proposición de Ley por la que se aprueban las Normas Reguladoras y se establece el Procedimiento para la Aplicación del Régimen de Conciertos Educativos en los centros privados de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
El objetivo es el de poner en orden y regular de modo coherente el sistema de conciertos educativos en nuestra región, para no hacer del derecho a la educación pública y de calidad una mercantilización
El Secretario General de Podemos y Portavoz del Grupo Parlamentario den la Asamblea Regional, Oscar Urralburu ha afirmado que la Orden de Concertación de centros Educativos del Gobierno Regional, establece que se permita la concertación de las etapas no obligatorias en la región, bajo el argumento de una supuesta demanda social, y se hace "sin la creación de un MAPA ESCOLAR que nos permita medir la oferta e identificar la demanda".
Así, Urralburu, ha explicado que a día de hoy 31 centros privados se han presentado, demandando subvenciones para 106 unidades de Bachillerato, y 16 centros para 84 de FP, además de otros 8 grupos para FP Básica, por lo que por lo que "de aceptarse estas cifras, el presupuesto de Educación concertada tendría que aumentar al año un 10%, desde los 220 millones hasta los 240 millones de euros"
Ante esto Urralburu ha preguntado que de "dónde va a sacar la Consejera de Educación, Adela Martínez Chachá, ese aumento de presupuesto y por lo tanto que se hace necesario saber qué recortes piensa aplicar a la enseñanza pública para poder pagar la demanda social"
Además, ha añadido, esta medida no cuenta con el respaldo de la Comunidad Educativa, ya tanto las La CONFAPA, la FAPA, y las asociaciones y sindicatos estudiantiles, así como la Asociación de Cooperativas de Enseñanza de Murcia ( UCOERM) ha manifestado que esta medida va a resultar profundamente lesiva para el sistema educativo.
Urralburu también se ha referido al argumento por parte del Gobierno del PP respecto al respeto de "la libertad de elección de centro educativo por parte de los padres", argumento que ha calificado de "falaz" dado que "responde a una interpretación profundamente ideológica de la legislación vigente, que no tiene en consideración el principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos y que pudiera responder a una visión mercantilista de la educación totalmente contraria a los principios generales que deben motivar todo servicio público"
Por lo que con la defensa de la Ley de Normas para la Regulación de la concertación de Centros Podemos quiere "fijar las mismas condiciones de supervisión y rendición de cuentas para la justificación de las subvenciones provenientes de la concertación educativa, que están establecidas en la Ley de Transparencia y la Ley de Hacienda y de Presupuestos de la CARM"
Finalmente Urralburu ha subrayado que "No podemos permitir que nadie se enriquezca a cambio de prestar un derecho fundamental: pedimos para los centros concertados lo mismo que pedimos para los centros públicos. El mismo control contable y financiero y la misma rendición de cuentas".