Así lo ha afirmado la diputada regional, María Giménez, que ha apuntado a ambos partidos como los que bloquean instar al gobierno central a eliminar una disposición adicional en los PGE 2017 que "torpedea cualquier posibilidad para que servicios como el agua vuelvan a ser gestionados de manera pública y transparente. Quieren crear una situación de incertidumbre para los trabajadores y trabajadoras que se vean afectados por estos procesos para sabotear la remunicipalización ya iniciada e imponen las privatizaciones aún en contra de los intereses y derechos de todos y todas. Parece que al PP no le gusta la idea de perder las mordidas del 3%".
Tal y como ha explicado María Giménez, el ejecutivo central del Partido Popular pretende, a través de los Presupuestos Generales del Estado, que "en caso de que algún servicio público local se esté gestionando a través de una empresa privada, y se decida su remunicipalización para prestarlo directamente por el propio Ayuntamiento o Entidad, las personas que presten ese servicio en la empresa privada no podrán integrarse, ni siquiera temporalmente, como empleados públicos del Ayuntamiento".
Esto es algo, ha dicho Giménez, que va "totalmente en contra de la voluntad local y de la petición de la gente en muchas ciudades de España, con estas disposiciones se produce un claro atentado a la autonomía local".
Según la diputada de Podemos, el Partido Popular y Ciudadanos son "plenamente conscientes de que la entrada en vigor de esta disposición implicaría que casi ningún proceso de remunicipalización de cierta envergadura, con un volumen de trabajadores y trabajadoras considerable, se pudiera dar".
Además, otro de los puntos "negros" de las disposiciones adicionales que quiere sacar adelante el PP es que "tampoco los Ayuntamientos podrán seleccionar su propio personal para que cuando se asuma directamente el servicio sea prestado por las personas que previamente hayan sido seleccionadas en base a procesos selectivos realizados con arreglo a esos principios de mérito y capacidad".
María Giménez, diputada de Podemos, ha recordado que la gestión indirecta es "más cara y menos eficaz que la gestión directa, como ha reconocido incluso el Tribunal de Cuentas en su Informe de 2011. Sin olvidar que la contratación pública en general, la gestión indirecta de servicios y la privatización, ha sido el espacio, menos democrático y menos transparente, donde se han desarrollado la gran mayoría o la casi totalidad de los grandes casos de corrupción y expolio de lo público por una minoría perpetrados contra la ciudadanía de todo el Estado".
Por último, Giménez, diputada del Grupo Parlamentario Podemos ha subrayado que el PP también incumple el Estatuto de los Trabajadores puesto que "no se aplicará la subrogación de empresas al que se refiere el artículo 44. Ni siquiera cuando el convenio colectivo correspondiente así lo haya previsto, ni, aunque inmediatamente se apruebe la oferta de empleo correspondiente para que, previa la celebración de unas pruebas con arreglo a los principios de igualdad, mérito y capacidad esos puestos terminen cubriéndose con carácter definitivo por quienes superen el correspondiente proceso selectivo".