Los diputados del grupo parlamentario, Andrés Pedreño y María Giménez han anunciado que Podemos Región de Murcia estará al lado de la sociedad civil el sábado para decir "alto y claro que el Mar Menor debe dejar de ser un juguete roto en manos del PP y que hay que trabajar en la dirección que marcan científicos, técnicos, ecologistas y las asociaciones que se han erigido en su defensa".
Por ello, el Grupo Parlamentario Podemos ha presentado sendas iniciativas para trabajar en la conservación y recuperación de la laguna. Una de ellas es sobre medidas para la adaptación del planteamiento urbanístico de los municipios del Mar Menor a la normativa de ordenación del territorio. La otra solicita ya la creación de la comisión especial de investigación de Novo Carthago para conocer de la gestión del Gobierno Regional en dicha reclasificación urbanística.
María Giménez, parlamentaria regional de Podemos, ha explicado que el caso Novo Carthago debe investigarse lo antes posible en la Asamblea Regional. El motivo no es otro que "llegar hasta el fondo en el caso de las negociaciones y connivencias del Gobierno Regional y del Ayuntamiento de Cartagena con la empresa promotora HANSA para recalificar unos terrenos en un espacio natural que a día de hoy "sigue sin contar con un instrumento de protección y conservación".
Giménez ha recordado que la Consejería de Agricultura modificó en 2003 el proyecto del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de los Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor "de manera tendenciosa para que se pudiera construir en el Saladar de lo Poyo La modificación se llevó a cabo sin que estuviera avalada técnica ni jurídicamente. Es un claro ejemplo de la política del Partido Popular de favorecer el desarrollismos desmesurado sin atender a la protección de las áreas con altos valores naturales".
Por otro lado, el diputado Andrés Pedreño ha explicado que la otra iniciativa lo que persigue es que los ayuntamientos ribereños del Mar Menor, Cartagena, San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar a que adapten sus planeamientos urbanísticos a las leyes autonómicas vigentes en un plazo "inmediato y razonable".
El objetivo es, según Pedreño, que además aquellos consistorios que no hayan adaptado sus planes a la Ley del Suelo vigente, no puedan "tramitar modificaciones sustanciales de su planeamiento actual tendentes a recalificar o reclasificar suelo. Además, los citados ayuntamientos deben adaptar sus planeamientos urbanísticos a la Cartografía oficial de peligrosidad y de riesgo de Inundación".