Esta tarjeta ofrecerá a la Comunidad una base de datos que le permitirá detectar con mayor precisión las situaciones de vulnerabilidad

Alejandro Zamora subraya que la nueva tarjeta "va a permitir que las administraciones seamos todavía más ágiles a la hora de conceder una prestación o un servicio, y facilitará la atención del profesional"

La Comunidad ha iniciado esta semana su participación en el grupo de trabajo que ya está definiendo la futura tarjeta social, una iniciativa fruto de la última Conferencia de Presidentes y que está coordinada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Esta tarjeta aglutinará todas las prestaciones económicas gestionadas por organismos de la Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales.

El director general del SEF, Alejandro Zamora, participó como representante de la Comunidad en esta primera reunión presidida por la ministra Fátima Báñez, donde se dio a conocer que la futura tarjeta será de carácter universal. Otra de las ventajas que traerá consigo será la coordinación entre administraciones, y, además, en un futuro también podrán acceder a esta tarjeta los profesionales de entidades del Tercer Sector.

Zamora indicó que "en la última Conferencia de Presidentes se trazaron una serie de objetivos en materia social, y uno de ellos fue esta tarjeta, que va a permitir que las administraciones sean todavía más ágiles a la hora de conceder una prestación o un servicio, y ofrecerá una mayor protección al ciudadano. Igualmente, facilitará que se preste una atención más personalizada, porque permitirá conocer a los profesionales de manera inmediata el historial del ciudadano en esta materia".

De esta manera, el profesional que atienda al ciudadano podrá conocer qué prestaciones de todas las administraciones está recibiendo, lo que facilitará que actúe de una manera proactiva y que pueda detectar más fácilmente situaciones de vulnerabilidad.

Esta tarjeta ofrecerá a la Comunidad una base de datos y una herramienta de análisis estadístico que permitirá identificar con mayor precisión dichos casos de vulnerabilidad. Ello redundará en la mejora de la coordinación entre las políticas activas de empleo y las políticas sociales, y mitigará las situaciones de desprotección.