El secretario general y portavoz parlamentario, Óscar Urralburu ha agradecido a Juan Antonio Pedreño, presidente de las cooperativas de la enseñanza, el interés mostrado por Ucomur respecto a la medida legislativa tras la reunión mantenida este viernes.
Urralburu ha explicado a Pedreño que la voluntad de Podemos es llegar a un acuerdo con el resto de partidos, algo "factible" puesto que es difícil entender que tanto PSOE como Ciudadanos rechacen una ley que "defiende la calidad de la enseñanza pública y no va en contra de la enseñanza concertado. El espíritu de la ley está en garantizar el derecho universal a la educación frente a la máxima de la liberalización del mercado".
Por ello, el secretario general de Podemos Región de Murcia ha detallado al presidente de Ucomur que lo que se establece que es la "pública esté lo primero y la concertada donde ésta no llegue. Y esto requiere un necesario mapa escolar que fije la oferta de plazas y permita planificar año a año la escolarización".
Otro de los apartados que han tratado tanto Óscar Urralburu como Juan Antonio Pedreño es la "corresponsabilidad social de la red pública y la red concertada". Como ha contado Urralburu, cada euro que se invierte en educación, ya sea en la red pública o en la red concertada, "debe asumir la misma responsabilidad social en la integración: alumnado con Necesidades Educativas Especiales, alumnado Inmigrante o de etnias desfavorecidas socioculturalmente, alumnado con problemas socioeconómicos, etc".
Junto a estos puntos fundamentales, ha dicho el portavoz de Podemos, se encuentra "la corresponsabilidad es exigible la lucha contra la discriminación. No se puede permitir que con dinero público se segregue o se discrimine a nadie, ni por su situación económica, ni por su género, ni por su orientación sexual o su ideología o pensamiento moral o religioso".
Asimismo, como tercer eje, la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos para regular los conciertos educativos contempla la exigencia de una auditoria contable de la inversión. Esto significa para Óscar Urralburu que cualquier ciudadano pueda saber a qué se destina cada euro que recibe la concertada.
"Son casi 230 millones de euros los que invertimos en la red concertada todos los cursos y debe ser obligatorio certificar que nadie se enriquece con este servicio" ha añadido Urralburu, quien ha concluido trasladándole a Juan Antonio Pedreño la necesidad de "garantizar que el dinero se gasta adecuadamente y que existe plena rendición de cuentas, con los mismos controles y supervisiones que el sector público. Si en el sector público la contabilidad es analítica y permite el control de la Intervención General, en la enseñanza concertada debe ocurrir exactamente lo mismo".