El pleno de la Asamblea Regional ha aprobado el dictamen de la comisión de investigación sobre la construcción y puesta en funcionamiento de la desalinizadora de Escombreras, que se puso en marcha a instancias de Ciudadanos y que ha presidido su portavoz, Miguel Sánchez.

Sánchez ha incidido en que después más de un año de trabajos, “el dictamen será elevado al Consejo de Gobierno, a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas. La desalinizadora de Escombreras fue una trama urdida para cambiar el modelo socioeconómico de la Región de Murcia, con el objetivo de recalificar unos 180 millones de metros cuadrados, con el fin de construir más de 300.000 viviendas”.

El portavoz de Cs ha recordado que “se sorteó la legalidad vigente. El artículo 25 de la Ley de Aguas dice que era preceptivo un informe de la Confederación Hidrográfica del Segura y como quiera que no podían disponer del mismo porque no podían abastecer de agua a todos estos desarrollos urbanísticos, se concibió el Ente Público del Agua, a través del cual se firmaron convenios con numerosos Ayuntamientos, convenios que están siendo tumbados por distintos tribunales. Los responsables han sido Valcárcel y Cerdá”.

Sánchez ha agradecido a los presentes “el excelente trabajo que han realizado durante los trece meses que ha durado la comisión, que ha sido modélico. Estamos convencidos de que será un referente”.

En la comisión de investigación de la desalinizadora de Escombreras han comparecido 30 personas entre ellas, los ex presidentes de la Comunidad Autónoma Ramón Luis Valcárcel y Alberto Garre, y la ministra Cristina Narbona.