La diputada regional, María Giménez, ha señalado que mientras que los ciudadanos pagan "con mucho esfuerzo" el recibo del agua, las empresas que gestionan el servicio podrían estar destinando "gran parte" de esos recibos a "actuar como 'verdadera asociación ilícita' y a pagar sobrecostes, contrataciones fraudulentas e incluso campañas electorales de algunos partidos políticos".
El secretario general de Podemos Región de Murcia, Óscar Urralburu, ha anunciado que los concejales de los ayuntamientos de Cieza y Murcia, que pertenecen a candidaturas de unidad popular y que están en los consejos de administración de Aguas de Cieza y Emuasa, han renunciado a permanecer en dichos puestos y se nombrarán como sustitutos a técnicos "cualificados para detectar este tipo de casos de corrupción y pasar toda la información posible a las autoridades judiciales competentes". Urralburu ha pedido al resto de fuerzas políticas que tienen concejales en los consejos de las empresas que gestionan el suministro de agua y cuya matriz regional es Hidrogea, que sigan el mismo camino.
Tanto en Murcia como en Cieza, Óscar Urralburu ha asegurado que Podemos va a demandar responsabilidades a ambos ayuntamientos por "permitir que la empresa suministradora de agua, cuyo capital mayoritario es público, sea gestionada únicamente por criterios mercantiles y siguiendo los intereses de una gran corporación".
Por su parte, la diputada regional, María Giménez ha explicado que Podemos se ha personado en la trama Pokemon porque "ha llegado a Murcia. Los hechos investigados en Aquagest, una empresa de tratamiento y abastecimiento de aguas con presencia en 10 comunidades autónomas y que a raíz del escándalo Pokémon cambió su nombre por el de Hidrogea en la Región, giran en torno a la supuesta obtención de contratos por medio de sobornos, entregas de dinero, enchufes de allegados, regalos y viajes a personas con poder de decisión en las Administraciones.".
Según el auto por el que se inhibe De Lara a favor de la Audiencia Nacional, podría "considerarse a Aquagest como una verdadera asociación ilícita", cuyas supuestas maniobras afectarían "a la seguridad del tráfico mercantil" y supondrían una "grave repercusión en la economía nacional", ya que lo que está en juego es el dinero público.
Concretamente en la Región de Murcia, se investigan los municipios de Lorca y Murcia, aunque son varios los consistorios que tienen contratos con empresas del grupo Aguas de Barcelona, Agbar. Lo que tratamos es de arrojar luz sobre todo lo que han venido haciendo estas empresas con la connivencia de nuestros gobernantes. Giménez ha incidido en la "opacidad y falta de transparencia con la que funciona la gestión privada de un recurso que es considerado desde 2010 como un derecho humano. Sólo un 5% de la población regional es abastecida por un sistema de gestión 100% público".
Por otro lado, el diputado regional, Andrés Pedreño, ha abundado en la idea de que los recibos del agua que pagan los ciudadanos y ciudadanas de esta Región están "en el núcleo duro de las actuaciones presuntamente delictivas de las empresas del grupo Agbar, como Hidrogea, ya que han conseguido superbeneficios económicos a costa de todos nosotros".
Pedreño ha recordado que tenemos las tarifas de agua más caras de toda España y que "hay laxitud en el control público de sus cuentas y tarifas. Esto ha permitido que las empresas del grupo Agbar, como AQUAGEST (ahora denominada Hidrogea), presente en empresas mixtas como Emuasa o Aguas de Lorca, se hayan convertido en maquinarias de llevarse dinero público".