El diputado regional de Podemos ha señalado que 'caso Desaladora' y todo el "entramado" que construyen Valcárcel y Cerdá en torno a Escombreras, obedece a los intereses "especulativos" del Partido Popular con el "pelotazo urbanístico" que más tarde desencadena "la grave crisis económica que atraviesa la Región de Murcia".
Antonio Urbina ha asegurado que el "hilo conductor" entre la corrupción del pasado y la del presente en la Región, "aparte de ser el gobierno del propio Partido Popular, está en las recalificaciones masivas de suelo que hicieron los ayuntamientos para construir macrourbanizaciones. Para poder recalificar hacía falta que la Confederación Hidrográfica autorizara y comprometiera uso de agua para ello, cosa que no hizo". Para poder seguir con el pelotazo del ladrillo "se diseñó todo un entramado para saltarse la Ley de Aguas (y de paso la Ley de Contratos Públicos), nunca se pensó en agua para la agricultura, sino en agua para el ladrillo".
El diputado de Podemos ha afirmado que tanto Valcárcel como Cerdá "se inventaron la construcción de una desaladora" para poder dar cobertura a la garantía de agua que tenían que tener los planes urbanísticos de los consistorios. Por ello, el Partido Popular "arma una trama en la se saltan la ley de concurso público y crean un Ente Público del Agua que prometía, a través de Escombreras, hasta 46 hectómetros cúbicos de agua para abastecer la burbuja inmobiliaria". En realidad, ha dicho Antonio Urbina, "es que Escombreras tiene como máximo una producción de 20 y nunca ha llegado a sobrepasar los 15 hectómetros cúbicos. Por tanto, el Partido Popular sabía que todo era un doble fraude, un fraude en la promesa de agua y un fraude en la construcción de la desaladora".
Este agua, ha continuado Urbina, "nunca estuvo pensada para abastecer al campo" y lo que es "más sangrante todavía, a pesar de que la desaladora tiene un coste de construcción de menos de 100 millones de euros, el gobierno del Partido Popular regala al grupo COBRA, propiedad de ACS, a través de contratos muy perjudiciales para las arcas públicas, la promesa de cobrar hasta casi 600 millones de euros por esta instalación en concepto de pago a futuro hasta el año 2034. Esto lo respaldó el gobierno de Valcárcel y el exconsejero Cerdá (imputado) y lo estamos pagando año tras año con el gobierno de Pedro Antonio Sánchez (imputado) con los presupuestos regionales a través de la Consejería de Agricultura Agua y Medio Ambiente (consejera imputada)".
Antonio Urbina ha incidido en que toda esta "trama de corrupción" la monta el Partido Popular en la Región de Murcia "a espaldas de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma, la Intervención General y, encima, se contratan a empresas privadas para asesorar al gobierno regional. Lo que desemboca en un claro caso de fraude de dinero público".
Como ha explicado el diputado del Grupo Parlamentario Podemos, los próximos pasos son que el dictamen de la comisión "que ya se aprobó el 9 de noviembre de 2016, y hoy se ha vuelto a aprobar" llegue al Pleno de la Asamblea "lo antes posible". Después, ha aclarado, "si se aprobará también el dictamen en el Pleno de la Asamblea Regional y se trasladará toda la documentación recogida, incluidas las comparecencias, al Consejo de Gobierno para su información y a la Fiscalía para que se completen las causas que están en marcha".