● La formación presentará mociones en 27 ayuntamientos solicitando que comuniquen a los afectados el procedimiento para devolverles las cantidades ya cobradas por la venta de terrenos urbanos

● “Los consistorios son los que deben ya determinar las cantidades que habría que devolver a los vecinos, a los que deben facilitar su reintegro”, apunta el Coordinador regional de Cs, Mario Gómez.

Ciudadanos va a presentar en los 27 consistorios en los que cuenta con representación una moción exigiendo a los ayuntamientos que analicen la recaudación obtenida a través del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, “con el fin de determinar las cantidades que habría que devolver a los vecinos, después de que el Tribunal Constitucional declarara la nulidad de lo cobrado cuando la venta de los inmuebles no ha supuesto para ellos ningún tipo de beneficio económico”, apunta el Coordinador de la formación, Mario Gómez. La formación naranja entiende que el estallido de la burbuja inmobiliaria ha generado en los últimos años una depreciación brutal del valor de los terrenos, que el propio Ministerio de Fomento situaba en el 71,6% para la Región, al pasar el precio medio del suelo urbano de 410 euros por metro cuadrado en 2007 a 116 en el tercer trimestre de 2016, “lo que ha provocado este desfase en el cobro del impuesto, que se aplica incluso cuando no hay beneficio económico para el vecino”.

Gómez, quien compareció junto al delegado de Relaciones Institucionales, Antonio Puchez, y una docena de portavoces y ediles de Cs en diversos ayuntamientos, especifica que “deben ser los consistorios los que notifiquen a los vecinos de forma urgente y personalizada el procedimiento para la devolución de las cantidades ya cobradas, además de disponer los recursos necesarios para agilizar estas devoluciones de impuestos cobrados indebidamente”. Otra de las medidas que Cs propone de forma cautelar es no poner al cobro más liquidaciones de plusvalías que pudieran estar afectadas por la resolución del Tribunal Constitucional, así como modificar las ordenanzas municipales “para que no se pueda cobrar la plusvalía si no ha habido beneficio real”, apunta el coordinador regional de Ciudadanos.