La diputada regional, María Ángeles García Navarro, ha pedido al gobierno regional que se tome en serio la moción aprobada hoy en la Comisión de Sanidad ya que desde 2013 la Región de Murcia está sin un marco de referencia sobre las actuaciones a desarrollar en esta materia. La iniciativa de Podemos insta a que en dicho plan se tenga en cuenta, tanto en la planificación como en la gestión y el control del mismo, a los colectivos afectados.
Para María Ángeles García Navarro, este plan de salud mental es un "pilar básico" para atener a las personas afectadas por este trastorno, de hecho, "nuestra propuesta pide acabar con el estigma de los diagnósticos de trastorno mental y que se adecuen los recursos a las necesidades de los usuarios".
En este sentido, la parlamentaria de Podemos ha explicado que es prioritario "asegurar la protección y el cuidado de la salud física de los usuarios y para ello, es necesaria la organización y el reparto de los recursos, que debe partir de una especial conexión con la Atención Primaria, teniendo en cuenta debe mejorar la atención dispensada en este nivel asistencial y la coordinación con Salud Mental".
García Navarro también ha señalado que las plantillas profesionales deben ver mejorada "su adecuación" porque debe haber un tratamiento integral que "incluya intervención por distintos profesionales, especialmente psicoterapéutica por parte de psicólogos clínicos". Asimismo, ha añadido, hay que generar una cartera de servicios de rehabilitación, intervención familiar, acompañamiento integral y asistencia personal.
Por último, la diputada del Grupo Parlamentario Podemos, ha incidido en que hay disminuir el desmesurado porcentaje de desempleo y la alta tasa de discriminación que padecen estos ciudadanos, acabar con su estigmatización así como prestar una atención específica destinada a la población infantil y juvenil".
Por último, María Ángeles García Navarro ha apuntado a que el Plan Integral de Salud Mental debe contemplar un marco para que las personas que padecen estos problemas puedan tener "el apoyo, la asistencia jurídica y el acceso a la justicia garantizado. Y establecer, por otro lado, un plan específico de atención a las personas que se encuentran en instituciones penitenciarias y padecen un trastorno mental".