Región

Los criterios de la nueva orden de conciertos educativos en Bachillerato y FP "garantizan la complementariedad con la enseñanza pública"

Se valorará la antigüedad de los conciertos, la ratio de alumnos en la zona y la demanda y necesidad social

Se garantiza el derecho de los padres a elegir centro educativo y la estabilidad del sistema regional

La nueva Orden de la Consejería de Educación y Universidades que establece el procedimiento a seguir para aplicar el régimen de conciertos educativos durante el período comprendido entre los cursos escolares 2017/2018 y 2022/2023 en la enseñanza concertada "atiende a unos criterios de valoración justos y racionales, garantizando en todo momento la complementariedad con la enseñanza pública", según explicó la directora general de Centros Educativos, María Dolores Valcárcel.

La Consejería establece los criterios de acceso a posibles conciertos educativos de unidades de Bachillerato y Formación Profesional, que se basan en la existencia de necesidades de escolarización y demanda social al respecto.

Así, el número máximo de unidades a concertar en las enseñanzas de Bachillerato y Formación Profesional en cada curso escolar lo fijará anualmente la Consejera de Educación y Universidades antes del inicio del plazo de solicitudes.

Los nuevos conciertos de estas enseñanzas no podrán ser causa de reducción de los conciertos vigentes del resto de enseñanzas, los cuales quedarán garantizados en los términos establecidos en los convenios respectivos.

Criterios de valoración

Los criterios de valoración que deberán observarse para ordenar el concierto educativo de nuevas unidades en Bachillerato son que el centro disponga de concierto educativo en vigor en Educación Secundaria Obligatoria, así como este nivel autorizado y en funcionamiento. Igualmente, se valorará la antigüedad del concierto educativo del centro y la ratio de alumnos matriculados por unidad en cuarto curso de Secundaria.

Para concertar posibles ciclos de Formación Profesional se valorará que sean centros autorizados con estas enseñanzas en funcionamiento, además de la antigüedad, la evaluación del proyecto educativo y la existencia de demanda social derivada del mapa regional de Formación Profesional.

Estos criterios los expuso la consejera María Isabel Sánchez-Mora en la mesa sectorial de la enseñanza concertada que reunió a patronal y sindicatos.

Al respecto, la directora de Centros Educativos explicó que "con las medidas de apoyo y refuerzo del sistema educativo puestas en marcha por el Gobierno regional beneficiamos a todo el alumnado, tanto de la enseñanza pública como concertada".

Valcárcel aseguró que "se ha incrementado el número de docentes en la enseñanza pública durante los últimos años" y reiteró que esta nueva orden "no supone el despido de docentes en la enseñanza pública".

"El objetivo del Ejecutivo regional es continuar trabajando en la mejora de la calidad de la enseñanza, garantizando el derecho constitucional de los padres a elegir el centro educativo de sus hijos, en una sociedad libre y avanzada que respeta la libertad de enseñanza y la igualdad de oportunidades", resaltó la directora.

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