La diputada regional, María Ángeles García Navarro, se ha reunido con el presidente de la Federación de Municipios para solicitar la creación de un convenio que pueda reunir diversos criterios de actuación para que sirvan de guía a los consistorios a la hora de trabajar con las empresas suministradoras de agua, luz y gas.
El objetivo es, según ha explicado García Navarro, que exista un documento, firmado por todos los ayuntamientos, para presentar ante el gobierno regional y que éste también se adhiera, y conseguir "que las empresas agilicen y colaboren ante los casos de núcleos familiares vulnerables en riesgo de sufrir cortes de energía".
La creación de este convenio, supondría para la diputada de Podemos, que "las compañías que se adscriban se comprometerán a ofrecer una tarifa social, condonar la deuda acumulada y asegurar que los recursos aportados por las compañías suministradoras han de cubrir un 50% del coste de la pobreza energética".
Asimismo, impulsaría que los ayuntamientos contraten con las eléctricas que han firmado este convenio contra la pobreza energética. Sería, ha dicho María Ángeles García Navarro, "un nuevo acuerdo marco para la contratación del suministro eléctrico que prevea obligaciones contractuales en la atención, la reducción y la corresponsabilidad de las eléctricas contra la pobreza energética".
La diputada, María Ángeles García Navarro ha querido incidir en que está es la "mejor hoja de ruta" para garantizar el cumplimiento de la Ley de Vivienda de la Región de Murcia, puesto que "los ayuntamientos han de marcar el camino para el resto de administraciones a la hora de responsabilizar a las eléctricas en la lucha contra la pobreza energética".
Además, ha subrayado que en el convenio que propone Podemos, debe quedar "muy claro" que las empresas suministradoras deben facilitar el acceso al bono social u otras tarifas sociales y descuentos existentes dirigidos a personas y familias en riesgo de corte eléctrico. También, ha concluido García Navarro, "previo a un corte de suministro eléctrico, la empresa suministradora solicitará a los Servicios Sociales Municipales un informe para determinar si la persona o la unidad familiar se encuentra en una situación de riesgo de exclusión residencial de la ley".