La secretaria general de la Consejería de Fomento considera "necesario" resolver discrepancias jurídicas para desarrollar la Ley porque "puede resultar una redacción final distinta de la norma actual"

La Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma han constituido la Comisión bilateral de cooperación entre ambas administraciones para iniciar las negociaciones que permitan avalar la constitucionalidad de la modificación de la Ley de la Vivienda regional.

Se trata de la Ley 10/2016, de modificación de la Ley 6/15, de 24 de marzo de la Vivienda de la Región de Murcia y de la ley 4/96 de 4 de junio, del Estatuto de los Consumidores y usuarios de la Región de Murcia. El acuerdo se publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

La secretaria general de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, Yolanda Muñoz, calificó de "muy positivo" la constitución de este instrumento de relación institucional "para despejar todas las dudas de la posible inconstitucionalidad que recae sobre algunos artículos de la ley por la posible invasión de competencias estatales".

La Ley de la Vivienda se aprobó el 4 de marzo de 2015 en la Asamblea Regional y entró en vigor el 28 de abril de ese mismo año. En mayo de 2016, explicó la secretaria general de la Consejería, "se aprobó una modificación de la norma por parte de los grupos de la oposición en la Asamblea Regional" con la transformación de varios artículos que, según recoge el informe de la Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, "pueden incurrir en extralimitación competencial".

La Comisión bilateral está compuesta por técnicos del Ministerio y de la Consejería de Fomento e Infraestructuras. Muñoz subrayó que el único objetivo del Gobierno regional es "garantizar a los ciudadanos el acceso a una vivienda digna, especialmente a aquellos que tienen dificultades económicas o se encuentran ante una situación de desahucio".

Asimismo, urgió la necesidad de que se reúna de forma inmediata esta Comisión para resolver las discrepancias existentes en torno a sus artículos y porque "hasta que no se resuelvan, no podemos realizar el imprescindible desarrollo de la norma porque se puede generar una redacción final distinta de la norma actual".

Carácter social

Muñoz señaló que la ley aprobada en 2015 "destacaba por su carácter social" al contener una "regulación novedosa" con la creación de una bolsa social de viviendas y de un registro de demandantes de vivienda protegida, y la atribución de rango legal del Servicio de Orientación e Intermediación Hipotecaria.

Para la secretaria general, la norma "ha de establecer el marco normativo y los principios que permitan lograr el derecho real de acceso de los ciudadanos al uso y disfrute a una vivienda digna, atendiendo especialmente a los sectores de población con menos recursos y aquellos que se encuentren en una situación de desahucio".

Igualmente, la secretaria general indicó que la normativa aprobada "concede seguridad jurídica al sector y garantiza la calidad y sostenibilidad de la vivienda, impulsando su construcción y uso de forma compatible con el medio ambiente y los recursos naturales mediante la aplicación de técnicas de eficiencia energética, ahorro de agua y energías renovables, y prestando especial atención a las características sísmicas de la Región".