ANSE ha presentado un recurso de alzada contra la resolución de la Dirección General de Transportes, Costas y Puertos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que deniega su personación en el expediente sancionador abierto el pasado mes de agosto por la realización de obras sin autorización en Puertomayor (La Manga-Mar Menor).

La Asociación de Naturalistas del Sureste presentó denuncia ante la Patrulla de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, por la realización de obras de corte de las tablestacas del puerto, y ante las dudas del objetivo de dichos trabajos, al desconocer si la empresa pretendía retirar parte de los materiales o consolidar lo construido hasta el momento, como se anunció en diversas noticias. El director de ANSE informó también al mismo Director General de Puertos personalmente, mediante conversación telefónica, sobre las obras desarrolladas y sobre el interés de la asociación en la apertura de un expediente sancionador a la empresa responsable.

Entre otras justificaciones, la Comunidad Autónoma argumenta que “para considerar a ANSE como interesado en este procedimiento sancionador, debe justificar un interés legítimo colectivo. En el presente supuesto, ANSE no acredita cuál es el interés legítimo colectivo derivado de las consecuencias posibles de la sanción que pudiere imponerse”. Por otra parte, la Comunidad argumenta igualmente que “La Ley, en cuanto a la legitimación para recurrir las sanciones, sólo la atribuye al infractor sancionado”.

La Asociación considera que la Comunidad Autónoma ha infringido con esta denegación el Convenio de Aarhus, sobre Acceso a la Información, la Participación del público en la toma de decisiones y el Acceso a la justicia en materia de medio ambiente, la Ley 27/2006, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, y las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE.

Como ha reconocido la misma Comunidad Europea en las consideraciones de propuesta de Directiva de Protección del Medio Ambiente, “la no aplicación del Derecho medioambiental se debe con demasiada frecuencia a que la capacidad procesal para recurrir se limita a las personas directamente afectadas por la infracción. De ahí que una forma de mejorar la aplicación sea garantizar que las asociaciones representativas de protección del medio ambiente tengan acceso a los procedimientos administrativos o judiciales de medio ambiente. La experiencia práctica adquirida en el reconocimiento de la capacidad procesal de las organizaciones no gubernamentales de medio ambiente demuestra que ha servido para reforzar la aplicación del Derecho medioambiental".

ANSE viene trabajando de manera ininterrumpida desde antes de 2005 para lograr en primer lugar la paralización de las obras de Puertomayor, y posteriormente para conseguir la restauración ambiental de los arenales de la Caleta del Estacio para un uso público responsable. La asociación se ha personado en todos los expedientes administrativos y judiciales relacionados con esta obra que el Gobierno de la Comunidad Autónoma nunca debió de haber permitido y apoyado.

La Asociación lamenta la actitud de los responsables de la Consejería de Fomento al dificultar los procesos de participación independiente, y su empeño en seguir favoreciendo en el entorno del Mar Menor aquellas infraestructuras que solamente contribuyen a un mayor deterioro de los pocos enclaves que han sobrevivido al desarrollo urbanístico excesivo, incluso en dominio público, y a una mayor masificación de los espacios naturales protegidos.