Ciudadanos y el Partido Popular de Murcia han denegado, con la abstención de los primeros y el voto en contra de los segundos, todas las enmiendas para elevar el presupuesto del Observatorio Contra la LGTBIQ+fobia a 4.000 euros, los que necesita para funcionar y desarrollarse, por lo que el presupuesto se quedará en 1.000 euros. Desde UPYD denuncian que si no se satisfacen sus necesidades económicas, la parte sanitaria y educativa de este colectivo se verán afectadas.
Por otro lado, UPYD también critica que asociaciones como HazteOir y CitizenGO difundan a los centros educativos de la Región de Murcia en particular, y a los de toda España en general, cartas y libretos para oponerse a la Ley 8/2016, de 27 de mayo, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género.
En los textos que difunden estas asociaciones alegan que la diversidad sexual excluye a la heterosexualidad; buscan que se perpetúen y favorezcan los privilegios de las personas no LGTB; niegan que durante el franquismo existiese represión a las personas homosexuales y transexuales; fomentan que los familiares de menores presenten escritos en la Consejería de Educación para impedir que se forme a los menores en el respeto a sí mismos y a los demás; y promueven y justifican la realización de terapias de conversión.
Sergio Martínez, miembro del Consejo de Dirección y Responsable de Comnucación de UPYD, tilda estos argumentos de “vejatorios” y “discriminatorios” y considera que justifican la “supremacía de una parte de la población frente a otra y fomentan de forma indirecta el discurso del odio”.
“Desde UPYD defendemos una sociedad más igualitaria, con igualdad de derechos para todos, y en este aspecto estamos trabajando durante todo el año con quienes apuestan por hacer realidad una educación, una sanidad y, en general, un sistema social que fomente el respeto, la empatía y la asertividad. Donde existan leyes en material de igual LGTBI, instamos al Gobierno autonómico a cumplirlas, y no retroceder ante el chantaje”, asegura Martínez.