Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia, aclara que no ha aprobado el documento que ahora presenta la Federación de Municipios de la Región de Murcia, como Código de Buen Gobierno dado que el documento final no ha sido elaborado todavía.

El compromiso de acuerdo al que llegó la comisión ejecutiva de la Federación no es el de la aprobación del texto, sino el de redactar un texto más simplificado que el que presentaron los ediles del PP el cual debería volver para su estudio a la Comisión de Transparencia de la Federación de Municipios, lugar donde se elaboró sin la participación de IU. Así mismo debe pasar el filtro de los servicios jurídicos de la misma antes de pasar a su aprobación definitiva. Nuestra representante en la Comisión Ejecutiva, Candi Marín alcaldesa de Moratalla, solicitó que el texto pudiera ser sometido a consulta de los respectivos ayuntamientos dando más participación y también la posibilidad de ser enmendado. Una vez realizado cada Alcalde o Alcaldesa decidirá adherirse o no a este texto o a bien comprometerse a otro modificado.

El texto en cuestión responde a una modificación impulsada por el PP, del Código de Buen Gobierno aprobado por la FEMP en marzo de 2015, que añade en el apartado dedicado a "Estándares de conducta para la mejora de la democracia local", dos puntos nuevos, pero sobre todo el segundo donde se incluye la apertura de juicio oral como momento para asumir la obligatoriedad del cese de su puesto de un cargo público municipal.

No obstante, IU-Verdes se ratifica, como no puede ser de otra manera en lo expresado en el Compromiso Ético por la Regeneración Democrática, aprobado por IU-Federal, en cuyo punto 8 se expresa lo siguiente: "Asumir las responsabilidades políticas a que hubiere lugar en casos de corrupción, con dimisión cautelar de los cargos públicos y cargos de libre designación en caso de imputación y procesamiento por delitos de corrupción política o urbanística". Esta es nuestra posición y de ella no nos moveremos.

Izquierda Unida-Verdes, igualmente condena la actitud torticera del PP de tratar poner barreras de todo tipo, directas indirectas, para retrasar la dimisión de PAS, si finalmente se produce su imputación por el TSJ de Murcia.