La dirección regional de Izquierda Unida-Verdes ha salido hoy al paso de la cifra que limita por arriba el gasto público en la Región de Murcia, fijada en 4258 millones de euros para 2017, y que tendrá su reflejo en los Presupuestos Generales de CARM, cuya Ley empezará a tramitarse en la Asamblea Regional en los próximos días.
Para IU-Verdes, esa cifra, que otro año más constreñirá los presupuestos y la inversión social en la Región de Murcia, es producto de dos pactos entre PP y PSOE. El primero y más importante es aquel que les llevó a modificar en 2011 el texto de la Constitución Española de 1978 para garantizar, por encima de las necesidades sociales del país, el pago de la deuda a la banca alemana, y del que traería causa la posterior Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
El segundo acuerdo, más reciente, se sitúa en el contexto del apoyo que el PSOE está dando al PP desde la investidura de Rajoy como presidente y el desbloqueo del objetivo de déficit para las administraciones públicas fijado definitivamente para el próximo año en el 0,6% del PIB. Una décima más de lo inicialmente previsto por el Gobierno del PP que, para IU-Verdes, en muy poco va a ayudar a paliar el tremendo desastre que la crisis económica y las políticas restrictivas de la economía han provocado en las políticas públicas sociales de todas las comunidades autónomas, incluida la nuestra.
IU-Verdes considera esa cifra es totalmente insuficiente para compensar la pérdida continuada de recursos que han experimentado desde hace ya casi una década los servicios de salud, la educación pública en todos sus niveles y las prestaciones sociales en la Región de Murcia, azotada por las cifras más altas de pobreza del país.
La dirección de IU-Verdes sostiene que hay que dar un giro copernicano al planteamiento de las cuentas y presupuestos públicos. En una región como la nuestra, a la cola de todos los indicadores sociales, lo lógico sería diagnosticar y cuantificar las necesidades sociales, educativas, sanitarias, etc., y establecerlas como un "suelo de gasto" que habría de financiarse públicamente mediante una fiscalidad más progresiva que descanse en las grandes rentas y patrimonios y en el afloramiento de la evasión fiscal y la economía sumergida. Se trata en definitiva de cambiar la lógica del "techo de gasto" -que comparten PSOE y PP, junto a Ciudadanos- por la lógica del "suelo del gasto".