La inmensa mayoría de trabajadores y trabajadoras del sector no ha recuperado ninguna de las condiciones laborales que tenía con anterioridad a los Reales Decretos-Ley 14 y 20 de 2012.

No por sabidos, los datos dejan de ser ilustrativos: entre enero de 2010 y enero de 2016, el sector público educativo ha perdido 40.842 puestos fijos (funcionarios de carrera) de los que 3.300 en la Región de Murcia- , lo que representa un 10 % del empleo existente; y la plantilla de profesionales precarios ha aumentado en 26.144 personas, hasta un 28,61%. Además, se han incrementado las ratios de estudiantes por aula, se ha ampliado la jornada lectiva, se han recortado derechos sociales y laborales con una pérdida importante del poder adquisitivo y, entre otros, se ha debilitado, cuando no suprimido, la red de centros que posibilitaba una oferta formativa amplia y gratuita al profesorado.

Por si esto fuera poco, se han destruido más de 6.000 puestos de trabajo entre el Personal de Administración y Servicios Educativos y Complementarios (PSEC), y la universidad públicas ha sufrido una pérdida de más de 7.100 empleos entre docentes y personal de administración y servicios desde 2012.

La Federación de Enseñanza de CCOO denuncia que no solo disminuye la cantidad y la calidad del empleo en el sector público de la educación, sino que se está modificando la estructura del mismo. El Gobierno, con la colaboración activa de las Comunidades Autónomas, está cambiando empleo fijos por temporales con menos derechos y más precarios. En definitiva, la salida de la recesión se está haciendo a costa de la desigualdad y de la precariedad y el empobrecimiento de los y las profesionales de la educación.

Para CCOO, no puede plantearse un pacto por la educación que no garantice el derecho y la equidad para todos y todas, y que no sitúe a los trabajadores y trabajadoras de la educación como una prioridad. Urge recuperar el empleo perdido a través de un plan que rompa el techo impuesto por la llamada tasa de reposición.

Es preciso, además, reducir las tasas de temporalidad tanto en los sectores públicos como en los sostenidos con fondos públicos, fijando un tope en las tasas de interinos e interinas y de los y las temporales. Para ello es imprescindible garantizar ofertas de empelo público docente amplias que permitan recuperar la jubilaciones no repuestas y el empleo destruido, disminuyendo drásticamente la tasa de interinidad.

Igualmente, el Gobierno ha de igualar los derechos laborales de este colectivo, incorporar nuevos perfiles profesionales de apoyo al trabajo docente y ofertar una formación continua gratuita y de calidad. En definitiva, urge recuperar y mejorar las condiciones laborales, sociales y salariales de los y las profesionales de la educación.

Ningún pacto educativo es posible si no se pone coto a la creciente precariedad laboral y profesional que se ha instalado en todas las etapas de la educación española y no se garantiza el trabajo digo y de calidad.