La diputada regional, María Giménez, ha explicado que este viernes en Madrid se han reunido los responsables de Podemos de las distintas comunidades autónomas para trabajar en el cumplimiento de las distintas leyes que se han aprobado en las autonomías en materia de vivienda y estudiar su no inconstitucionalidad.
Giménez ha recordado que el pasado mes de mayo se aprobó esta ley en la Asamblea y que situó a la Región de Murcia ala vanguardia de la legislación antidesahucios. "La ley fue redactada con rigor y y adaptada a las competencias del Estatuto de Autonomía" ha subrayado la diputada de Podemos, quien ha detallado que entre las novedades que introdujo la ley el procedimiento de mediación extrajudicial, por el que todos los afectados por una ejecución hipotecaria puedan "salvar su vivienda y su dignidad. También incorpora el desarrollo de convenios con las empresas suministradoras para que ninguna persona pueda verse "privada de agua, luz o gas". Además de un convenio con las entidades financieras para "dar alternativa habitacional a todos aquellos murcianos o murcianas que estén en un proceso de ejecución hipotecaria o vaya a ser desalojada"
En este sentido, María Giménez se ha preguntado que dónde están "las viviendas accesibles para la población" que anunció el consejero de Fomento, Pedro Rivera, acerca de la prórroga del Plan de Vivienda "en el que no aceptaban introducir los mecanismos que incorpora la nueva ley".
En la nueva Ley de Vivienda Regional, impulsada por Podemos, se regulan las garantías de alquiler social a personas o familias sin alternativa habitacional y en riesgo de exclusión. Giménez ha detallado que el objetivo es que "los grandes tenedores de viviendas se adhieran a un convenio regional que será desarrollado reglamentariamente, para ofrecer a los afectados una propuesta de alquiler social, antes de la adquisición de una vivienda procedente de un procedimiento de ejecución hipotecaria o dación en pago. Igualmente el alquiler social deberá ser garantizado antes de interponer cualquier demanda judicial de ejecución hipotecaria o de desahucio por impago de alquiler".