La Comunidad también plantea que las regiones europeas que reciben más emigración de países terceros tengan un papel relevante para fijar acuerdos de colaboración que permitan regular el flujo migratorio

La Región de Murcia demanda que las regiones y municipios puedan acceder de forma directa a los fondos que la Unión Europea (UE) destina a la Política Europea de Vecindad, el instrumento comunitario para mejorar las acciones con terceros países, próximos geográficamente, en materia de cooperación y migración, entre otras.

Esta propuesta fue defendida por el director general de Participación Ciudadana, Unión Europea y Acción Exterior, Manuel Pleguezuelo, que asistió ayer jueves en Bruselas a la reunión de la Comisión de Ciudadanía, Gobernanza y Asuntos Institucionales y Exteriores (Civex), órgano del Comité de las Regiones (CdR) responsable de ciudadanía y asuntos institucionales y exteriores.

La Comisión Europea elabora en estos momentos el denominado 'marco de asociación con terceros países', dentro de la Agenda Europea de Migración, cuyo objetivo es el establecimiento de acuerdos bilaterales entre la UE y los países emisores de emigrantes hacia el continente para favorecer su desarrollo. El citado marco de asociación está siendo sometido actualmente al análisis del CdR, a través de la comisión Civex, de la que forma parte la Región de Murcia.

Pleguezuelo explicó que "la Comunidad defiende que las regiones europeas que reciben más emigración procedente de países terceros tengan un papel relevante en las conversaciones con estos estados, para fijar acuerdos estables de colaboración que permitan regular el flujo migratorio".

El director general de Unión Europea añadió que "el Gobierno regional pretende que el documento que elabora la Comisión Europea recoja la importancia de implicar a los inmigrantes, mientras permanecen en suelo comunitario, en el desarrollo de sus países de origen mediante programas específicos de formación que puedan aplicar cuando retornen".

Por otro lado, la comisión Civex analizará el modo en que ayuntamientos y regiones pueden contribuir a que los menores refugiados en países de la UE gocen de protección y acceso a la educación.