María Giménez, diputada regional, ha señalado que la ley impulsada por el Partido Popular aporta "más desprotección ambiental y menos derechos para los trabajadores y el pequeño comercio. Se carga contra ellos toda la presión de los horarios y aperturas en festivos que, en definitiva, sólo va a beneficiar a las grandes superficies".
Giménez ha explicado que las objeciones de Podemos hacia la nueva ley, aparte de la tramitación que ha seguido, se centran en dos aspectos: el de liberalización de horarios comerciales y el de tramitación ambiental de autorizaciones y licencias.
Según la diputada de Podemos, en cuanto a la liberalización de apertura en festivos y horarios comerciales, "se abandona al pequeño comercio y se busca el beneficio exclusivo de las grandes superficies, que serán las que puedan competir en estas condiciones, siempre en detrimento de los derechos laborales de sus empleados y empleadas. Estos verán aún más difícil conciliar la vida laboral y familiar, se perpetúa un sistema de empleos precarios, con una medida que en nada va a mejorar la situación del comercio regional".
Por otro lado, en relación con los aspectos ambientales de la nueva Ley, Giménez ha manifestado que "con esta ley el PP y Ciudadanos eliminan el principio de prevención y precaución ambiental. Pasamos de un sistema que adelantaba la protección para evitar la creación de riesgos y perjuicios ambientales, a otro en el que se abandona la prevención y se dice que se centrará el esfuerzo en la comprobación del cumplimiento de la normativa a posteriori, y a la mitigación, cuando sea posible, de los perjuicios una vez que ya se hayan causado". Según María Giménez "si con un sistema centrado en la prevención de daños ambientales hemos asistido a desastres como el del Mar Menor, nos aterra pensar qué situaciones podrán crearse con la normativa que hoy han aprobado el PP y Ciudadanos en la Asamblea".
Por tanto, como ha apuntado la parlamentaria, "hoy hemos asistido al ilusionismo del Partido Popular en esta materia. Confunden intencionadamente el principio de precaución ambiental con trabas burocráticas; siendo cierto que los trámites deben simplificarse, entendemos que el problema no es tanto la regulación legal, como la ausencia de una adecuada estructura administrativa, convenientemente dotada de medios técnicos, económicos y humanos", y ha añadido que "queda mucho que hacer en la mejora de la difusión y el acceso a la información, en la digitalización de los datos, procedimientos y operativos de tramitación, pero también hay que introducir mejoras en la dotación de personal para la gestión de los expedientes; hay que diseñar procedimientos que garanticen una adecuada prevención haciéndola compatible con unos tiempos de respuesta aceptables, como se le ha exigido en esta misma Cámara a la Consejera de Medio Ambiente en varias ocasiones ante la liquidación de la Dirección General de Medio Ambiente".
Por último, y en cuanto a la tramitación que ha seguido la norma finalmente aprobada hoy, ha manifestado que "lo que empezó como una imposición vía Decreto del Gobierno Regional, ha pasado a ser una imposición del Grupo Popular, que con la ayuda de Ciudadanos vuelve a practicar esa política de rodillo con la que tan a gusto se siente y que tantos problemas ha creado a nuestra Región, aprobando una Ley que prácticamente deroga toda la normativa ambiental preexistente sin apenas participación ni transparencia".