La diputada regional, María Giménez, preguntará en la Asamblea Regional acerca del estado de ejecución de la partida presupuestaria destinada a la aplicación y desarrollo de la Ley de Vivienda de la Región de Murcia. Una ley impulsada por el Grupo Parlamentario Podemos y que el gobierno regional está "ignorando" a pesar de que en ella hay medidas para garantizar que ningún murciano ni murciana "no puede permitirse poner la calefacción este invierno".
Giménez ha lamentado que el Partido Popular se niegue a poner en marcha la Ley de Vivienda puesto que esto implicaría que ninguna persona "sufra cortes de luz, agua o gas este invierno." La diputada regional, María Giménez, ha señalado que la moción de Podemos que se aprobó el pasado 20 de octubre estaba destinada a que "las sonrojantes cifras de pobreza y exclusión social que tenemos en Murcia" no tengan "consecuencias dramáticas y nos encontremos con que haya familias este invierno que no puedan encender la calefacción o tener agua potable".
La diputada de Podemos ha señalado que, a día de hoy y según los propios datos de la EAPN, casi un 14% de la población no puede mantener la vivienda a una temperatura adecuada en invierno y el 49% "no tiene capacidad para afrontar facturas imprevistas".
Por ello, María Giménez ha incidido en que el ejecutivo de Pedro Antonio Sánchez debe cumplir lo articulado en la Ley de Vivienda, aprobada en esta Asamblea, y que contempla que "las personas en situación objetiva de insolvencia sobrevenida, o riesgo de ello, que les impidan afrontar las obligaciones de pago contraídas, podrán acudir a las oficinas que los ayuntamientos habiliten para la orientación y el asesoramiento y al Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sobre todas aquellas cuestiones relativas a las medidas reguladas en la presente ley contra el endeudamiento relacionado con la vivienda habitual y la pobreza energética".
Asimismo, como ha explicado la diputada de Podemos, la Comunidad Autónoma debe desarrollar el reglamento mandatado por esta Cámara en la Ley de Vivienda por el cuál la Administración pública "debe establecer convenios con las empresas encargadas de los suministros básicos para que no puedan cortar el agua, la luz o el gas a aquellas personas que se encuentran en riesgo de exclusión social o en situación de pobreza".