El PSOE, que reclama la dimisión de Valcárcel en Europa, baraja poner estas conclusiones en conocimiento de la Fiscalía por si fueran constitutivas de ilícito penal y también del Tribunal de Cuentas por si pudiera derivarse responsabilidad contable

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael González Tovar, junto a los diputados socialistas y miembros de la Comisión de Investigación de la Desaladora de Escombreras, Jesús Navarro, Yolanda Fernández y Alfonso Martinez Baños, han presentado esta mañana en rueda de prensa las conclusiones de los trabajos realizados por dicha Comisión parlamentaria.

González Tovar ha destacado entre las principales conclusiones que la desalinizadora de Escombreras "es una macro trama corrupta dentro de un macropelotazo urbanístico de auténtica marca PP, ideada por Valcárcel y Cerdá, con el objetivo de dar cobertura a la recalificación de más 180 millones de m2 de suelo para construir 250.000 viviendas".

El portavoz socialista manifestó que ha quedado claro que diseñaron un entramado societario que logró evitar "con absoluto desprecio a la normativa de contratación administrativa", la licitación y concurrencia pública para la construcción de la planta desalinizadora, a través de empresas privadas, que obtuvieron un evidente y exagerado beneficio con la complicidad del Gobierno del PP".

Asimismo afirmó que otra de las conclusiones del extenso informe elaborado por el Grupo Parlamentario Socialista es que el aval firmado por "el padrino de Pedro Antonio Sanchez para Escombreras ha hipotecado el futuro a corto y medio plazo de la Región. Valcárcel y Cerdá hicieron todas las operaciones sin contar con los servicios jurídicos, económicos o técnicos de la CARM, que fueron sustituidos por informes de empresas privadas".

Aseguró que de haberse realizado la licitación pública por parte de la CARM de la ingeniería y la construcción de la planta con un crédito bancario, el ahorro con respecto al arrendamiento habría sido de más de 300 millones de euros. "Para la construcción de la planta, la Comunidad Autónoma asumió un riesgo grave e injustificado avalando un préstamo de 114 millones de euros en beneficio de una empresa privada".

La tercera conclusión es que el El Gobierno regional no ha hecho nada ante el despilfarro de Escombreras hasta que, como en el caso Mar Menor o Aeropuerto de Corvera, la situación ha colapsado.

"Hay una clara dejación de funciones, ya que el grupo ACS, propietario de la desaladora del Valle de Escombreras, viene manifestando desde el año 2012 su disposición a vender la planta a precio de coste, sin que hasta la fecha se haya llegado a ningún acuerdo".

Agregó que los distintos Consejos de Administración de la empresa Desaladora de Escombreras y el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma han hecho caso omiso a los informes de la Intervención General y Servicios Jurídicos de la CARM y del Tribunal de Cuentas del Reino de España.

Denunció que el agua producida tiene un coste de producción muy por encima del precio de mercado del agua desalada, y se han generando pérdidas a las arcas públicas regionales y sin tomar medidas al respecto para corregirlas. Así, en el año 2013 las pérdidas fueron de 14.144.708,95 euros; mientras que en el año 2014 fueron de 15.605.143,22 euros. También han puesto en riesgo la salubridad del agua de la desaladora, ya que ha estado captando agua en la dársena de Escombreras sin las autorizaciones y licencias necesarias.

González Tovar exigió que "más allá de las necesarias responsabilidades jurídicas, a nivel político Valcárcel debe dimitir como vicepresidente del Parlamento Europeo y señalar los altos cargos que impulsaron este fraude".

En opinión del portavoz socialista, "existe una evidente responsabilidad política, económica y social por los perjuicios ocasionados al erario público por parte de los señores Valcárcel, Cerdá y restantes miembros de los Consejos de Gobierno que tomaron parte en las decisiones".

Propuestas

González Tovar quiso aportar propuestas en estas conclusiones y por ello, urgió a parar la sangría económica de la desaladora de Escombreras "o el PP usurpará el dinero que debe ir para políticas sociales y desarrollo regional".

Entre sus propuestas también indicó que es prioritario que el Gobierno regional llegue a un acuerdo con el grupo ACS para adquirir la planta. Igualmente plantea que se realice una auditoría y estudio detallado y pormenorizado de la verdadera y real situación financiera y patrimonial de la planta, así como conocer qué cantidad de dinero se ha pagado hasta ahora.

En esta línea propositiva considera necesario hacer un Plan de viabilidad económica de la desaladora del Valle de Escombreras; llevar a cabo las inversiones necesarias para abaratar los costes de producción mediante energía solar; además de poner en marcha los trámites para solicitar a la Confederación Hidrográfica del Segura que el agua producida en la desaladora se destine fundamentalmente al suministro para usos agrícolas para la zona del Campo de Cartagena.

Por último, el portavoz socialista barajó la posibilidad de que el PSOE traslade al Ministerio Fiscal dichas conclusiones por si fueran constitutivas de ilícito penal y también al Tribunal de Cuentas por si pudiera derivarse responsabilidad contable.