“Entendemos que los responsables intentaron cambiar el modelo socio económico de la Región de Murcia”
Ciudadanos ha apuntado al ex presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, al ex consejero de Agricultura, Antonio Cerdá y al ex gerente del Ente Público del Agua, Amalio Garrido, como responsables de la “trama” de la desalinizadora de Escombreras.
Miguel Sánchez, portavoz regional de la formación naranja y presidente de la Comisión de Investigación de la Desalinizadora de Escombreras, ha manifestado que después de analizar las declaraciones de todos los comparecientes “entendemos que lo sucedido ha sido una “trama” para cambiar el modelo socio económico de la Región de Murcia mediante la recalificación de 180 millones de metros cuadrados para dar pábulo a los desarrollos urbanísticos que propiciarían la construcción de cientos de miles de viviendas”
En este sentido, el portavoz de la formación naranja ha afirmado “que el proceso para llevar a cabo este objetivo fue la creación del Ente Público del Agua con el objeto de sortear la legalidad vigente, en concreto el artículo 25 de la Ley de Aguas que requería el informe preceptivo de la Confederación Hidrográfica del Segura, y posteriormente se construyó la desalinizadora de Escombreras a través de un entramado de empresas, mediante unos contratos con falta de reciprocidad, que incluían unas cláusulas leoninas que beneficiaban a dichas mercantiles y perjudicaban a las arcas públicas regionales”.
Sánchez también ha incidido en que “nos parece muy grave que no se contara con los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma, sino que se recurriera a un gabinete externo, cuyos miembros confesaron durante su comparecencia en la Comisión que las decisiones no las tomaban ellos, sino que les eran impuestas”.
El portavoz de C’s ha argumentado que “la realidad nos indica que la desalinizadora de Escombreras fue algo más que un mal negocio como manifestó Alberto Garre, o que un modelo ruinoso como reconoció Antonio Cerdá. Entendemos que los responsables son Valcárcel, como ideólogo, Cerdá como ejecutor y Amalio Garrido”.
El informe de Ciudadanos solicita que se remitan las conclusiones a la Fiscalía para que determine la posible comisión de presuntos delitos.