El diputado regional, Antonio Urbina, ha confirmado que se prevé la aprobación del dictamen final en una reunión propuesta para el 2 de noviembre, por lo que llegará al Pleno de la Asamblea durante dicho mes. Podemos ya presentó su informe de conclusiones en julio, entre las que destacan que Escombreras "podría ofrecer agua desalada a un precio razonable para los agricultores y que en el proceso de construcción y gestión de la desaladora hubo dejaciones de responsabilidad tanto de Valcárcel como de Cerdá".

Urbina ha señalado que la desaladora de Escombreras tiene dos problemas clave que hay que solucionar. El primero es de carácter económico, es su sostenibilidad financiera. El diputado de Podemos ha manifestado que la Comunidad Autónoma "debe estudiar las posibilidades económicas y jurídicas, que hemos visto que las hay, para recuperar los compromisos de pago que tiene a futuro de en torno a 500 millones de euros" y por otro lado, "solucionar los problemas técnicos que están provocando que una desaladora de tecnología punta funcione a la mitad de su rendimiento".

Según Antonio Urbina, "si conseguimos desde la comisión guiar los pasos para que el gobierno regional se ponga a trabajar y acometa los grandes inconvenientes que están lastrando su viabilidad, podríamos obtener agua a un precio razonable para que sea utilizada por la agricultura".

En cuanto a la vertiente de responsabilidades políticas, el diputado del Grupo Parlamentario Podemos, ha subrayado que durante los trabajos de la Comisión Especial de Investigación de la Desaladora de Escombreras se ha constatado "que puede haber indicios de posibles delitos contables o penales. La documentación que hemos estudiado apunta a importantes dejaciones de responsabilidad del ex presidente, Ramón Luis Valcárcel y del ex consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá. La idea es trasladar esos indicios a los procedimientos judiciales que hay abiertos sobre el tema".