Ante la noticia aparecida en un diario regional, en el sentido de que el Estado estaría preparando el terreno para anular mediante recurso de inconstitucionalidad la Ley 10/2016, la PAH manifiesta lo siguiente:
Los importantes e innegables avances en materia de derechos de las personas hipotecadas habidos en España desde 2012, han venido sólo de la mano de las luchas de la PAH y las sentencias del TJUE y algunos Juzgados españoles, que han planteado cuestiones prejudiciales a dicho Tribunal Europeo.
Las acciones del gobierno del PP, han sido reaccionarias a las acciones legislativas positivas de las CCAA de Andalucía, Canarias, Navarra, País Vasco, Cataluña, y por lo que parece, próximamente Murcia. Cabe recordar también que en septiembre de2014, el PP regional, impidió a las PAHs murcianas la recogida de firmas para una ley autonómica, e inmediatamente, el ex consejero Bernabé lanzó su inútil ley en vísperas de las elecciones de 2015.
La ley 10/2016, nace como fruto de la acción de las PAHs de Murcia, que el 7/10/15 acudimos a la Asamblea Regional a recabar la acción de los grupos políticos para que las familias murcianas dispusieran de herramientas para protegerse ante la aplicación de la injusta legislación española, y PSOE, Podemos y Ciudadanos recogieron el guante frente a la oposición del PP que intentó a toda costa que la ley no saliera adelante, sin ningún tipo de propuesta alternativa.
Ante la posibilidad real de que la ley sea, como mínimo suspendida por el TC, desde la PAH anunciamos que, aunque no es la ley que desearíamos, pues tanto el techo competencial de nuestra CA, como la necesidad de una legislación estatal de ciertos aspectos, esta ley incluye herramientas y ventajas de las que las familias murcianas con problemas carecen y que les pueden ayudar, por tanto, exigimos que el Gobierno Regional, defienda ante el Estatal el mandato de la soberanía murciana expresado en la ley, y sea beligerante frente al nuevo atropello. También a la Asamblea Regional, que defienda sus acuerdos, y anunciamos movilizaciones y acciones contra los responsables, en su caso, de impedir la puesta en marcha de la ley.