Región

La Comunidad trabaja para que las empresas implanten planes de movilidad que combatan los accidentes de trabajo

El número de accidentes en jornada laboral registrados en junio descendieron un 8,2 por ciento, de los cuales el 99 por ciento fueron leves

El consejero Juan Hernández asegura que "vamos a incentivar a aquellas empresas que lleven a cabo medidas que impliquen el uso del transporte público, autobuses de empresa o compartir vehículos"

El Gobierno regional trabaja en el Plan de reducción de la siniestralidad laboral y estima que la ejecución de las medidas contempladas en el mismo puede derivar en una reducción de un 10 por ciento del índice de incidencia durante los próximos cinco años. El plan cuenta con ocho líneas estratégicas, que contemplan una treintena de medidas.

El pasado mes junio se notificaron 1.571 accidentes con baja. De ellos, 1.348 ocurrieron durante la jornada de trabajo y 223 in itinere. De estos últimos, 217 fueron leves, 6 graves y ninguno mortal (frente a los 7 mortales del mes anterior). Asimismo, se registraron 2.234 incidencias sin baja laboral, de las cuales, según el grado de lesión, 1.341 fueron leves (99,48 por ciento), 5 graves (0,37 por ciento) y 2 mortales (0,15 por ciento).

Así, de los accidentes durante la jornada de trabajo, los leves bajan un 8,2 por ciento y los graves un 37,5 por ciento con respecto a mayo, mientras que hubo dos casos mortales, cuando en mayo no hubo ninguno. Por su parte, en los accidentes in itinere se produjo un aumento del 2,8 por ciento.

En conjunto, los siniestros suponen un descenso del 6,8 por ciento con respecto al mes anterior. Por sectores de actividad, se redujo el número de accidentes, excepto en la construcción, que aumentaron un 8,2 por ciento. Destaca el descenso en servicios, de un 44,58 por ciento con respecto a mayo.

Al respecto, el consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, Juan Hernández, aseguró que "la vigilancia y prevención deben de ser permanentes y constantes. Cada paso, por pequeño que sea, es importante, porque estamos hablando de aspectos esenciales a los derechos de los trabajadores y, antes de nada, de la salud y la vida de los trabajadores".

"Los datos de siniestralidad de los últimos años indican que es necesaria la puesta en marcha de mecanismos eficaces para frenar los accidentes y lograr entornos y trabajos más seguros y saludables, lo que redundará en un aumento de la productividad y la calidad en todos los sectores económicos", señaló el consejero.

Así, la Consejería va a modificar una serie de medidas durante este año para ser implantadas a partir de 2017. Entre ellas, "incentivar y exigir la implementación en todas las empresas de un plan de movilidad, que implique el fomento del uso del transporte público y compartir vehículo, así como la incorporación de autobuses de empresa", destacó Hernández.

Asimismo, el Gobierno regional quiere incentivar a aquellas empresas que obtengan el sello de compromiso con la seguridad laboral o que hayan obtenido un certificado bonus -que contempla desgravaciones en cuanto a la cotización a la Seguridad Social como consecuencia de la ausencia de accidentes-, de forma que las empresas que cumplen con un nivel mayor de exigencia en relación a la seguridad laboral no estén contempladas en los planes de inspección del próximo ejercicio. No obstante, el consejero aseveró que "si hay una denuncia por parte de un trabajador, una tercera persona o los sindicatos, seguirán siendo objeto de inspección".

Acciones formativas y divulgativas

El Plan de reducción de la siniestralidad laboral contempla una serie de medidas para lograr un descenso en los accidentes de trabajo, como hacer visible, mediante campañas, la prevención de riesgos laborales y su importancia en la sociedad en general; facilitar a las pymes asesoramiento para optimizar sus sistemas de gestión de la prevención de riesgos laborales, o elevar el nivel de conocimientos preventivos de empresarios y trabajadores mediante formación específica.

Asimismo, busca determinar las causas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales para divulgar las más frecuentes entre los profesionales de la prevención de riesgos laborales, con el objetivo de desarrollar programas de control; actuar de forma específica sobre el colectivo de empresas con mayores índices de incidencia y llevar a cabo actuaciones en relación con la siniestralidad laboral vial, a través de la realización de actividades conjuntas con la Dirección General de Tráfico (DGT).

La Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social ha llevado a cabo más de 170 actividades en materia de siniestralidad laboral entre seminarios, jornadas técnicas y cursos de formación, entre otras. Durante este verano se han realizado varias acciones formativas, como la destinada a los riesgos de la exposición al amianto o a los métodos de evaluación de los riesgos asociados a las posturas de trabajo.

Inspecciones

Por otro lado, en lo que llevamos de año, la Inspección de Trabajo ha finalizado un total de 8.175 expedientes. En concreto, se han incrementado con respecto al año pasado el número de expedientes finalizados en materia de prevención de riesgos laborales (14,50 por ciento), el número de infracciones en acta sancionadas (29,15 por ciento), así como la cuantía de las sanciones impuestas por tal motivo (23,96 por ciento).

En materia de relaciones laborales, ha aumentado el número de expedientes finalizados (24,83 por ciento), se ha reducido el número de infracciones sancionadas en acta (20,98 por ciento) y se incrementan los requerimientos (8,79 por ciento). Además, al comprobar las condiciones de trabajo, y verificar que sea de calidad y estable, se ha observado un aumento significativo en la conversión de contratos temporales en fraude de ley en indefinidos (67,89 por ciento).

En lo relativo al control de contratos a tiempo parcial, se han abierto un total de 254 expedientes, se han revisado 619 contratos y se ha incrementado la jornada en 241 contratos, lo que supone que el 38,93 por ciento de los citados contratos estaban mal. Esto significa que casi dos de cada cinco contratos revisados de esta modalidad se encontraban en situaciones de fraude.

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