El diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Jesús Navarro ha denunciado la falta de respeto demostrada por el PP, al abandonar la Comisión de Investigación de la Desaladora de Escombreras esta mañana cuando comparecía el abogado Diego de Ramón, por no estar de acuerdo con sus afirmaciones.

Esta mañana han comparecido en la Comisión los abogados, Andrés Santiago Arnaldos Cascales y Diego de Ramón Hernández, y José Luis Villar, Juan de Miguel de la Cuétara y Mónica Sastre, del bufete Ariño y Villar. En el caso del bufete Ariño y Villar la comparecencia ha tenido carácter secreto.

Navarro destacó de esta comparecencia el hecho de que existían condicionamientos previos en la desaladora de Escombreras, ya que el proyecto estaba asignado de antemano a Hidromanagement, había mucha urgencia y lo que le importaba al Gobierno regional era cerrar la operación. "El Gobierno regional basó todo el entramado de la desaladora de Escombreras en los informes de este bufete y tenía decidido que los contratos se firmaban sí o sí y la posibilidad de influir en dichos contratos era nula".

Los abogados Ariño y Villar han afirmado que ellos directamente no han participado en la elaboración de ninguno de los contratos suscritos entre la CARM y empresas privadas de la desaladora de Escombreras.

"El informe que permitió al Ente Público del Agua autorizar las concesiones de agua para aprobar planes generales y desarrollos urbanísticos era un informe sobre el borrador de la Ley de Aguas", que fue después modificado en su trámite parlamentario y no autorizaba al EPA para dicha concesión, ya que esto es potestad de las Confederaciones Hidrográficas.

Por otra parte, Jesús Navarro señaló en cuanto a la comparecencia de Andrés Santiago Arnaldos que "ha echado balones fuera y solo ha reconocido que cuando él llegó todo estaba atado y bien atado".

Arnaldos ha manifestado que cuando se cambió el modelo inicial y la desaladora ya sufría quiebra económica, la empresa propietaria de la planta ofreció al Gobierno regional su compra al precio del coste de la obra, lo que finalmente no se llegó a producir, aunque no ha aclarado por qué. Navarro agregó que también se habló de la posibilidad de la novación del contrato inicial, lo que hubiera supuesto un ahorro en torno a los 200 millones de euros.

La última comparecencia ha sido la del abogado Diego de Ramón, que ha asegurado que el Ente Público del Agua era un organismo artificial para dar cobertura legal a la concesión de determinados desarrollos urbanísticos.

"Ha denominado la desaladora de Escombreras como parte de la trama de Murcia, de la trama Valcárcel y ha responsabilizado de todo lo relacionado con esta planta a Valcárcel y a sus gobiernos".

De Ramón ha denunciado la inacción del abogado del Estado, de la Intervención General de la CARM y de los Servicios Jurídicos hasta 2015. Asimismo, ha calificado la concesión del abastecimiento a Condado de Alhama como una acción delictiva y los convenios con los ayuntamientos como un posible delito de prevaricación.

Por último, ha calificado la compra del 100 % de las acciones como una huida hacia delante y la ha denominado como "un comprar para tapar", apreciación que comparte el Grupo Parlamentario Socialista.