Es una de las conclusiones del diputado de Podemos, Antonio Urbina, quien también ha afirmado que los 26 ayuntamientos con los que el EPA establece convenios "iban a ser estafados, ya que de los 153 hectómetros cúbicos prometidos, la desaladora de Escombreras hubiera aportado, como máximo, 22, harían falta otras tres desaladoras adicionales de las que nunca se ha oído hablar hasta ahora".

Antonio Urbina ha señalado que cuando la Comunidad Autónoma se hace cargo de la desaladora de Escombreras "ya sabían que los contratos que se estaban asumiendo iban ser muy lesivos para las arcas públicas. Por lo tanto, el gobierno del Partido Popular acepta unas cargas financieras desproporcionadas y unas cláusulas que son claramente abusivas para los intereses públicos, y se deben denunciar".

De hecho, ha añadido, esos contratos "pueden ser la base de una responsabilidad contable que, en manos del Tribunal de Cuentas, podría llevar al pago de importantes multas a las personas que tomaron las decisiones".

Por otro lado, el diputado de Podemos ha incidido en que hoy la Comisión ha confirmado que "todo el entramado jurídico financiero en torno a la desaladora de Escombreras se diseña desde los despachos de la Comunidad Autónoma. Si bien, las asesorías se las encargan a gabinetes privados de abogados, el estudio de viabilidad financiera a empresas privadas y se olvidan e ignoran a la propia Consejería de Hacienda y a los Servicios Jurídicos de la CARM. El resultado de la asesoría privada ha sido un gran beneficio para empresas privadas y una ruina para las arcas públicas".

Por ello, Antonio Urbina ha calificado de "despropósito todo el proceso que desemboca en que el proyecto fuese diseñado desde el ámbito público pero que al final se otorgase a dedo todas las empresas, del grupo ACS, que fueron las que finalmente construyen la desaladora con un crédito de Banesto, que fue avalado por una carta del gerente del Ente Público del Agua".