El diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Jesús Navarro, ha valorado las comparecencias en la Comisión de Investigación de la Desaladora de Escombreras del interventor general y del jefe de los Servicios Jurídicos como muy positivas para esclarecer los hechos que rodean la gestión de esta planta.
Navarro destacó, en primer lugar, que el hecho de que se recurriera a gabinetes privados para que informaran sobre las relaciones contractuales, sin contar con los Servicios Jurídicos y la Intervención de la Comunidad deja claro que "fue para sortear los cauces legales y la normativa que regula la Ley de Contratos de las Administraciones públicas".
Por otro lado, en opinión del diputado, sorprende que entre los años 2006 a 2015 el Gobierno regional no solicitara ningún informe ni a la Intervención General ni a los Servicios Jurídicos y que hasta 2015, con el Gobierno de Garre, no se solicitaran los informes del 30 de abril y del 18 de mayo a la Intervención General y, posteriormente, en junio de 2015, otro informe al jefe de los Servicios Jurídicos.
Navarro señaló que fue tras el informe especial de la Intervención de 31 de julio de 2015, "donde se apreciaron indicios de responsabilidad contable", cuando se solicitó por parte de la Intervención la apertura de un expediente y el nombramiento de un instructor, viéndose forzada la Comunidad Autónoma a enviar estos informes al Tribunal de Cuentas, que ha abierto diligencias "por posible responsabilidad contable de alcance".
A preguntas del Grupo Parlamentario Socialista, el interventor general ha señalado que la Comunidad ha pagado hasta el 31 de diciembre de 2015 por desaladora de Escombreras un total de 94 millones de euros, además de la deuda pendiente de pago de 28 millones de euros a Hidromanagement y 14 millones a Tedagua. "Según nos consta, durante el año 2016, la Comunidad no ha efectuado ningún pago a ninguna de estas dos empresas".
El diputado socialista añadió que "sorprende" que teniendo la Comunidad unos Servicios Jurídicos propios, con profesionales altamente competentes, recurra a equipos jurídicos externos (abogado y procurador), que según la información facilitada por el propio jefe de los Servicios Jurídicos en su comparecencia de hoy, la minuta del procurador asciende a 318.000 euros; mientras que según los documentos que maneja la Comisión, la minuta del abogado podría ascender apróximadamente a 678.500 euros, "un millón de euros más sumados al fiasco económico que representa todo el entramado relacionado con desaladora de Escombreras".
Por último, Jesús Navarro indicó que ante la posibilidad de la compra por parte de la Comunidad de esta planta desaladora (posibilidad que apuntaba el interventor general como salida a la actual situación de la misma) el Grupo Parlamentario Socialista estará vigilante para que antes de cualquier acuerdo de compra se den todas las garantías, a fin de que esta operación no sea lesiva para los intereses generales y para el buen y normal funcionamiento de la planta, avalado por un informe técnico y una auditoria independiente.