El secretario general de Podemos en la Región de Murcia, Oscar Urralburu ha mantenido una reunión con el presidente de CROEM, José María Albarracín, donde se han analizado el decreto de simplificación administrativa y liberalización del comercio puesto en marcha por el gobierno regional.
Urralburu ha trasladado al representante de la confederación empresarial, la necesidad de que las medidas que contiene el decreto sean participativas y salvaguarden la seguridad jurídica de las empresas así como los derechos de trabajadores, y ciudadanos por lo que tiene que tiene que ser tramitado en la Asamblea como un una Proposición de Ley, donde estas medidas se tomen de forma democrática y contando con la ciudadanía y ha señalado que "hoy hemos venido a decirle a los empresarios que este decretazo no es bueno para la economía murciana, que salen perdiendo los pequeños empresarios, los trabajadores y que saldrán perdiendo las empresas".
Urralburu ha expresado la necesidad de participación y de incluir a los sectores afectados así como a los municipios en la toma de decisiones a la hora de establecer medidas que afectarán directamente a los horarios laborales así como a la protección del medioambiente así ha manifestado que "en Podemos escuchamos a todos por eso venimos haciendo una ronda con todos los colectivos que van a ser afectados por este decretazo, nos hemos reunido con los pequeños comerciantes con los trabajadores de las grandes superficies, los sindicatos, las organizaciones medioambientales, los autónomos...etc., y las conclusiones a las que llegamos es que este decreto no crea empleo y el que se pueda crear será precario, que a la larga ni siquiera los que hoy le ven el lado bueno a este decreto saldrán beneficiados, la precariedad, los bajos salarios, el desempleo no es bueno para nadie".
Finalmente ha señalado que es el sexto decreto de la legislatura de Pedro Antonio Sánchez, con lo cual cuando el presidente habla de participación lo hace colocando a la ciudadanía como meros espectadores y la sociedad murciana se merece participar.
Y ha señalado que la Administración tiene que poner los recursos necesarios para que los Ayuntamientos puedan tramitar de forma rápida los expedientes, pero lo que realmente propone el gobierno es eliminar los expedientes.