El portavoz del grupo parlamentario de Podemos, Oscar Urralburu, la diputada en la Asamblea Regional, María Jiménez acompañados del Decano del colegio de Abogados de Cartagena, D. José Muelas han presentado la moción que se debatirá mañana en la Asamblea para la derogación de tasas judiciales a Pymes, ONGs y entidades sin ánimo de lucro.
Urralburu ha explicado que el acceso a la justicia es un derecho básico en cualquier sistema democrático, que se vio mermado con la reforma del Ministro Gallardón y que aunque ha tenido modificaciones, como la de que las personas físicas se encuentren exentas de ellas, las organizaciones no gubernamentales y las pymes también deben de estarlo y ha puesto como ejemplo el hecho de que si estas tasas hubiesen estado vigentes en algunos procesos judiciales , estos no hubiesen salido adelante, así ha afirmado que
"¿Qué hubiese pasado si en procesos como cuando se recurrió el proyecto de Marina de Cope o del Algarrobico, si la Ecologistas en Acción hubiese tenido que abonar las tasas? Esos recursos no podrían haber prosperado por el alto encarecimiento del proceso judicial"
Por su parte la diputada regional María Giménez, que será la ponente de la moción, ha explicado que "derechos fundamentales como el derecho a la Justicia y el acceso a ella, está en el ADN de Podemos, y la vigencia de las tasas lo único que ha producido hasta el momento son trabas, y el acceso a la justicia no puede negársele a nadie con estos métodos disuasorios"
Giménez ha expresado su deseo de que "mañana impere el sentido común y todos los grupos parlamentarios voten a favor de esta moción para instar al Gobierno central a que introduzca la exención de las tasas judiciales a pymes y Ongs y que destine a la comunidad de Murcia lo recaudado en las tasas judiciales desde el periodo 2013-2014, para destinar esta cuantía a la asistencia jurídica gratuita en la Comunidad Autónoma".
En caso de que la moción de Podemos salga adelante y se eleve a estatal, tendrán que ser devueltos 450 millones de euros a los diferentes territorios, que ha sido lo recaudado con la política de tasas judiciales.