La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, y el director general de Función Pública y Calidad de los Servicios, Enrique Gallego, se reunieron hoy con representantes de las federaciones Plena Inclusión, Fundown y Fadis para la elaboración de un temario específico, determinar el sistema selectivo y el diseño de las pruebas de acceso para personas con discapacidad intelectual en la convocatoria de empleo público de personal funcionario y estatutario de la Administración regional.

El Decreto 93/2011, de 27 de mayo, sobre el acceso y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad en la Función Pública de la Región fija en el siete por ciento la reserva para personas con discapacidad y en el dos por ciento para personas que acrediten discapacidad intelectual. Además, establece un sistema específico de acceso mediante convocatorias independientes de las del resto de aspirantes del turno libre y del turno de discapacidad.

Con el fin de alcanzar la inclusión laboral de este colectivo e impulsar las previsiones recogidas en el citado decreto, el Consejo de Gobierno adoptó en diciembre de 2015 un acuerdo que establecía, entre otros aspectos, el encargo a la Consejería de Hacienda y Administración Pública de realizar un estudio para determinar los tipos de puestos de trabajo que, en el sector de Administración y servicios, puedan ser desempeñados por estas personas.

Así, la consejera explicó que la elaboración del estudio "ya se ha instrumentalizado" a través de un grupo de trabajo con técnicos de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios y del Instituto Murciano de Acción Social.

En el encuentro de hoy se han validado las conclusiones de dicho estudio, que determina que los puestos de trabajo adscritos a la Agrupación profesional de servicios públicos calificables como puestos base del tipo ordenanza y ayudante de servicios "son adecuados y susceptibles, en principio, para el acceso al empleo público y su desempeño por personas con discapacidad intelectual".

También han considerado prioritario incluir en la convocatoria la previsión de una lista de espera para que, en lo sucesivo, se cubran las vacantes de plazas reservadas a personas con discapacidad intelectual que se puedan producir.

Violante Tomás remarcó que es obligación del Ejecutivo autonómico "promover que las personas con discapacidad intelectual puedan participar en su entorno como cada una elija, con los derechos y las obligaciones que les correspondan como ciudadanos". Para ello, "hay que habilitar los apoyos y medidas necesarias para igualar sus oportunidades actuales con las que tendría si no tuviera dicha discapacidad".