La directora general de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda, Nuria Fuentes, presidió hoy la reunión de la Comisión Regional para la Habitabilidad y Accesibilidad, que autorizó el desarrollo de 11 proyectos de rehabilitación y reforma en inmuebles de cuatro municipios de la Región para la instalación de elementos que faciliten la movilidad de las personas con discapacidad o movilidad reducida.
Fuentes destacó que este tipo de actuaciones "amplían la accesibilidad universal a los edificios de comunidades de propietarios y da satisfacción a una necesidad básica de este tipo de personas que conecta con derechos humanos fundamentales, tales como la libertad de desplazamiento o de comunicación o el de disfrutar de una vivienda digna".
"Se trata de asegurarles un uso adecuado y ajustado a sus necesidades de los elementos comunes del edificio, mediante la instalación de rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o su comunicación con el exterior", explicó la directora general tras la reunión.
La Comisión Regional para la Habitabilidad y Accesibilidad, integrada por la Administración regional y locales, entidades públicas y asociaciones de personas con discapacidad y de consumidores, informaron favorablemente de los expedientes que, en su mayoría, están relacionados con la instalación de ascensores en inmuebles y a la mejora de la accesibilidad en el edificio. Las actuaciones se llevarán a cabo en viviendas y locales ubicados en los municipios de Murcia, Cartagena, Cieza y Archena.
Durante la reunión también se presentó el nuevo texto de apoyo al documento básico de seguridad de utilización y accesibilidad, titulado 'Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes', publicado en diciembre de 2015 por el Ministerio de Fomento y a efectos de su entrada en vigor.
La directora general de Ordenación del Territorio y Vivienda explicó que el objeto de este documento es "proporcionar criterios de flexibilidad para hacer más efectiva la adecuación de los edificios y establecimientos a las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad".
Fuentes resaltó que "se había detectado una creciente demanda de criterios o herramientas para la aplicación de esta flexibilidad" y añadió que este documento "será una herramienta útil en la tarea de actuar en el ámbito de la accesibilidad".