La Administración electrónica supone que ciudadanos y empresas utilicen las tecnologías de la información como vía prioritaria de comunicación con la Administración
La secretaria general de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, María Pedro Reverte, indicó hoy que "la Administración pública debe ser digital en 2020, de forma que las tecnologías de la información y las comunicaciones sean la forma más sencilla e intuitiva de relación con los ciudadanos y las empresas, a la vez que garanticen el equilibrio entre la actuación administrativa y los derechos de sus administrados".
Reverte inauguró una jornada en la que se debatió sobre la nueva Ley de Procedimiento Administrativo, que entrará en vigor en octubre, en la que el Gobierno regional lleva tiempo trabajando para la incorporar la Administración electrónica y la simplificación administrativa a sus procedimientos.
La secretaria general indicó que la Consejería trabaja en un Plan Estratégico "con el que queremos implicar a empleados públicos, ciudadanos y empresas para contar con una Administración electrónica totalmente implantada en 2018", y añadió que "estamos ante una segunda transición de la Administración pública española, ante un auténtico cambio de modelo, que precisa de objetivos y planificación".
La Comunidad dispone actualmente, desde el punto de vista normativo, de un desarrollo reglamentario y de convenios de colaboración con la Administración del Estado que permiten compartir y reutilizar nuevas aplicaciones, lo que sitúa a esta comunidad en una escenario favorable para la implantación efectiva de la Administración electrónica.
La jornada, que se celebró en el Archivo Regional, contó con la participación del subdirector general de Impulso de la Administración Digital y Servicio al ciudadano de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, Aitor Cubo, experto en la implantación de las TIC en la Administración General del Estado y uno de los artífices de la implantación de la Ley de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos en la Administración del Estado.