El portavoz parlamentario de Podemos ha señalado que hay que conocer cuál es el techo para poder realizar el debate a la totalidad de los presupuestos. El informe que ha solicitado Podemos a los servicios de la Cámara es “para conocer la situación jurídica en la que nos encontramos al no haber techo de gasto, es un punto que no aclara el Consejo Jurídico ni tiene que ver con el texto que presentó dicho órgano, y que puede afectar a la seguridad y garantías jurídicas de las cuentas de esta Región”, ha afirmado Óscar Urralburu.

El grupo parlamentario considera que nada tiene que ver el dictamen del Consejo Jurídico con la petición realizada a la Asamblea Regional.  Según ha explicado Urralburu, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria obliga a que primero haya aprobado un techo de gasto para que después se pueda tramitar el Proyecto de Ley de Presupuestos.

Al no haber un techo de gasto aprobado en la Cámara, “la Mesa de la Asamblea tiene toda la legitimidad para consultar a sus servicios jurídicos si debe tramitar o no el Proyecto de Ley sin que esté aprobado el techo de gasto. Este punto, no lo aclara ni entra a valorar el Consejo Jurídico”.

De hecho, ha continuado Óscar Urralburu, la consulta que pretende hacer la Mesa de la Asamblea a sus servicios jurídicos “no es la misma que sometió la Consejería de Hacienda al Consejo Jurídico, puesto que aquél preguntó (y el Consejo se pronunció) sobre la posibilidad de remitir los presupuestos a la Asamblea, y la Mesa consulta sobre la obligación de tramitarlos en la Cámara”.

Urralburu ha incidido en la “responsabilidad que tienen los diputados en este asunto, porque no se puede incumplir la ley porque al gobierno regional le hayan entrando las prisas. Cuando además es el propio ejecutivo quien ha metido los presupuestos tarde y mal, si el techo de gasto hubiera estado en la Asamblea en el mes de julio, ya habríamos solucionado las cuestiones que ahora tenemos encima de la mesa”.

El hecho es, ha comunicado el portavoz parlamentario de Podemos, que “nuestro grupo está perfectamente preparado y con ganas de debatir los presupuestos, de mejorarlos para que lleguen a más murcianas y murcianos, pero hay que hacerlo con toda la seguridad y las garantías jurídicas pertinentes”.

Óscar Urralburu ha querido dejar claro que la Asamblea Regional “es el contrapoder del Ejecutivo y no al revés. Esta Cámara ha dejado de ser un títere en manos del Partido Popular y trabajará con responsabilidad para garantizar el cumplimiento de la ley y la plena separación de poderes. Es un órgano independiente y autónomo, por lo que nada impide que los diputados soliciten informes a sus servicios jurídicos para poder trabajar con la mayor garantía legal posible”.

Asimismo, ha trasladado que la Mesa “reproduce la preocupación que hay por parte de los diputados de que algún colectivo, institución u organismo, no esté contento con las partidas de 2016 y pueda recurrir la ley de presupuestos ante un tribunal. Nos encontraríamos en una situación tremendamente insegura para nuestros ciudadanos”. De ahí, ha aseverado Urralburu, que “los diputados consideren más que pertinente y legítima la consulta a los servicios jurídicos de la Cámara”.