La Comisión Directiva de la ONG "Murcia Transparente", sin ánimo de lucro, que dedica sus actividades a colaborar, con asesoramiento jurídico, en destapar problemas relacionados con la corrupción de todo tipo y clase, en la Región de Murcia se ha reunido en sesión de urgencia para estudiar y debatir el llamado CASO DE LA BALSA YENNI, que los Tribunales de Justicia investigan desde hace siete años, a raíz de una denuncia elevada por la Fiscalía de Murcia a la Fiscalía del Estado y posteriormente por el periodista Cano Vera, ex diputado regional, y el letrado José Luis Mazón, que han mantenido un prolongado litigio con el Tribunal Superior de Justicia que presidía en un principio el magistrado murciano Martínez Moya, ahora miembro del Tribunal Supremo. Actualmente el problema legal se ha planteado ante un juzgado de Cartagena, desde hace ya un año, con asesoramiento del abogado Diego de Ramón.
El presidente de "MURCIA TRANSPARENTE", Antonio Sánchez Lapaz ha pedido a José Juan Cano, así mismo vocal de la ONG, un dossier para hacerlo llegar a los servicios de asesoramiento social de los partidos de la oposición CIUDADANOS y PODEMOS con objeto de clarificar una situación jurídica polémica, en la que aparecen implicados supuestamente altos cargos del Partido Popular y dos importantes empresarios que fueron los compradores de la Balsa, y que posteriormente fueron instados por el Tribunal de Cuentas a devolver a la Comunidad Autónoma una importante cantidad de miles de euros, sin que hasta ahora se sepa si se ha efectuado dicha devolución a pesar de los requerimientos efectuados ante la Intervención General. Finalmente la Fiscalía del Estado archivó, con polémica, el largo litigio, aunque aún queda pendiente una iniciativa del abogado Mazón. "Murcia Transparente" trata, en este caso, como en otros, colaborar en el esclarecimiento completo de unos hechos discutibles, a ser posible en sede parlamentaria.
Apoyo al Fiscal Superior del TSJRM
"Murcia Transparente" se propone asimismo reivindicar junto con los partidos y otras organizaciones ciudadanas una Justicia ágil y efectiva ante la demora y deficiente ejercicio de los procedimientos judiciales relacionados con la corrupción, así como abogar por la urgente necesidad de potenciar y mejorar los medios humanos y técnicos de los que carecemos lamentablemente en la Comunidad Autónoma.
Esta ONG recuerda que existen retrasos de hasta ocho años en espera de ser resueltas una veintena larga de imputaciones que se investigan sin resoluciones definitivas que naturalmente suponen daños a las personas encausadas.
Finalmente queremos expresar nuestra solidaridad con el Fiscal Superior de Justicia, Señor López Bernal, al denunciar las presuntas presiones políticas a jueces y fiscales, lo que supone un deterioro de la democracia.