El problema surge por una incorrecta interpretación de las restricciones impuestas por la tasa de reposición. Este instrumento, destinado a limitar la incorporación de nuevo personal en los organismos públicos, se establece en el marco de la oferta de nuevas plazas, y no debería afectar a las de promoción interna de las universidades, como entiende erróneamente el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

El Área Pública de CCOO, en la que se integra la Federación de Enseñanza de CCOO, se ha dirigido a Antonio Germán Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas, para solicitar una reunión en la que abordar el conflicto que impide al profesorado funcionario de las universidades públicas optar a plazas a través de los mecanismos de promoción interna, paralizando de esta forma su carrera y discriminándolo frente al personal del resto de las Administraciones Públicas. El sindicato se ha visto obligado a recurrir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ante la desidia y falta de respuesta del Ministerio de Educación.

La promoción de los empleados públicos es un derecho recogido en el Estatuto del Empleado Público. Sin embargo, en las universidades públicas se está coartando, al entender equívocamente el Ministerio de Hacienda que este tipo de convocatorias se enmarcan dentro de las restricciones impuestas por la tasa de reposición, que desde 2012 están mermando progresivamente las plantillas de funcionarios docentes universitarios, al imposibilitar que se sustituyan en su totalidad a las personas que acceden a la jubilación o abandonan el sistema universitario español por otras eventualidades.

CCOO denuncia que el problema estriba en que, cuando se convocan los procesos de promoción interna, el Ministerio de Hacienda obliga a las universidades a consumir la exigua tasa de reposición existente aunque no se produzca la incorporación de nuevo persona a las universidades.

Para solventar el problema, la Federación de Enseñanza de CCOO propone implementar en la próxima norma presupuestaria una solución similar a la recogida en una disposición adicional de la Ley 36/2014 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, referida a la provisión de plazas docentes vacantes en las universidades públicas. Esta disposición establece la posibilidad de convocar concursos para la provisión de plazas docentes vacantes de acuerdo a unas reglas determinadas y además señala, en su apartado 5, que "las plazas vacantes cubiertas en estos concursos, en tanto no suponen ingreso de nuevo personal, no computarán a los efectos de la oferta de empleo público".