El grupo parlamentario Podemos ha presentado en la Asamblea Regional una moción para que se destine una retención del crédito asignado al IMAS, por importe de 18 millones de euros, para afrontar la renta básica de inserción.

En la moción presentada por Podemos, el grupo parlamentario, detalla que en 2014 el IMAS no llegó a ejecutar partidas por aproximadamente 20 millones de euros. Como la ejecución presupuestaria en 2015 no difiere de la 2014, Podemos propone contar con una retención del crédito asignado al IMAS por importe de 18 millones de euros para afrontar la renta básica de inserción.

Para la diputada, María Giménez, esta fórmula legal, que será la regulada en el artículo 18 de la Ley 13/2014 de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, es "urgente e inaplazable porque hay que disponer de presupuesto suficiente para desbloquear inmediatamente todos los expedientes de Renta Básica paralizados, reconocer como mínimo la cuantía legalmente establecida, así como simplificar y agilizar la tramitación de los expedientes, para que el dinero llegue de forma inmediata a las personas en situación de pobreza".

Según los datos aparecidos en la última Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística, la Región de Murcia se sitúa como la Comunidad Autónoma con la mayor tasa de riesgo de pobreza (37,2%) del país, a excepción de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, 15 puntos por encima de la media.

De ahí, que Giménez haya incidido en que Podemos presenta esta moción "con el objeto de abordar esta situación, tal como se recogía en la Memoria Económica y Jurídica del Plan de Rescate Ciudadano de Podemos, ya que resulta necesario como medida inicial la resolución y pago de todos los expedientes paralizados, que cumplan los requisitos de la renta básica de inserción dirigida a las personas que no tienen recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas".

Para Podemos, el Gobierno regional no ha establecido las dotaciones presupuestarias adecuadas para atender en plazo todas las solicitudes, y tal y como afirma la diputada María Giménez, "esto ha causado el retraso continuado en el reconocimiento del derecho y en el pago de la prestación, quedando bloqueados cientos de expedientes de personas en situación de exclusión y con necesidades básicas sin cubrir, a la espera de ampliación de partida presupuestaría o que llegue el nuevo año para que haya disponibilidad de fondos".