El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael González Tovar, ha presentado una moción en la Asamblea Regional en la que insta al Gobierno regional a que presente un Proyecto de Ley del Tercer Sector, con objeto de que la Asamblea Regional lo apruebe en el primer año de legislatura.

El Tercer Sector tiene como objetivo principal la defensa de lo social y la promoción de la igualdad de las personas. Trabaja por el interés general, evitando que determinados colectivos sociales queden excluidos de unas condiciones de vida dignas. González Tovar explicó que el denominado Tercer Sector, por su cercanía y conocimiento de la realidad, "está en condiciones de dar respuesta acorde con las necesidades reales de los colectivos con los que trabajan. Es decir, dar voz a los sin voz, al tiempo que su acción social es un pilar fundamental en el desarrollo de la Política Social en nuestra Comunidad Autónoma".

La relevancia del papel que las organizaciones sociales están desempeñando en la Región, tanto en el mundo de la discapacidad como en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, el voluntariado, la cooperación al desarrollo, la inmigración o las políticas de menores, es cada vez mayor. Con su labor complementan, e incluso cubren en muchas ocasiones, la falta de respuesta de las administraciones públicas, más ahora, ante una situación de emergencia social como la que vivimos en la Región de Murcia.

Por ello, el portavoz socialista reclama que se establezca un nuevo modelo de relación entre lo públicoprivado sin ánimo de lucro, que defina el trabajo conjunto entre la Administración regional y el Tercer Sector.

"Contribuir a reforzar este importante sector, no como sustituto de la responsabilidad que los poderes públicos tienen en la aprobación y desarrollo de las políticas sociales, sino como participación indispensable de la sociedad civil en la respuesta a los problemas de los ciudadanos es imprescindible".

Asimismo considera que dicha ley debe incluir la representación del Tercer Sector como miembros de pleno derecho en la definición, desarrollo y evaluación de las políticas públicas que incidan en los procesos de inclusión social; además de un marco de financiación estable y suficiente, que asegure su estabilidad y viabilidad.

Entre otras cuestiones, Rafael González solicita en su moción que se apruebe, con carácter inmediato, el Registro de Empresas de Inserción y que contemple cláusulas sociales para la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión, que incentiven la adjudicación de contratos a empresas de inserción.

"El compromiso del Partido Socialista con estas organizaciones es claro y firme. El reconocimiento y apoyo a su labor, fijar y establecer su relación con la administración, garantizarles una financiación que les proporcione estabilidad a los proyectos y programas, fijando un plazo de pago que evite las difíciles situaciones que vienen sufriendo con los impagos, son premisas indispensables", concluyó.