Pablo Martínez Escanciano, el candidato a la Presidencia de la Región de Murcia de Recortes Cero, ha hecho un llamamiento al resto de candidaturas a debatir estas medida. "Estoy dispuesto a poner a prueba nuestra propuesta de crear 120 mil empleos en cuatro años en un debate con el resto de candidaturas"

En una reunión con vecinos del barrio del Carmen, Pablo Martínez Escanciano, cabeza de lista de Recortes Cero, expuso ayer los puntos principales del programa electoral. Según Pablo Martínez, la "Redistribución de la Riqueza" que defiende Recortes Cero "no es el reparto del empleo, sino aplicar un programa que ponga los enormes recursos de la Región de Murcia al servicio de la creación de riqueza y empleo y redistribuirla de otra manera. Que no se la queden un puñado de grandes fortunas, unos cuantos bancos, monopolios y multinacionales sino que llegue a la inmensa mayoría de la población".

En el debate con los vecinos, Pablo Martínez desarrolló los tres tipos de medidas del programa.

Medidas para "elevar el poder adquisitivo de la mayoría de la población para reactivar el consumo y la demanda interna", como la subida de las pensiones y el salario mínimo a los 1.000 euros, poner un tope máximo a los salarios de los altos cargos y ejecutivos, o acabar con el despilfarro y la corrupción.

Medidas para poner en marcha un "plan de choque contra el paro capaz de crear en toda la legislatura al menos 120 mil empleos productivos y de utilidad social, exigiendo a las cajas y bancos rescatados con dinero público la creación de un Fondo Especial para el Fomento del Empleo".

Martínez afirmó ayer en el debate que está dispuesta a poner a prueba su propuesta de crear 120 mil empleos en cuatro años en un debate con el resto de candidaturas.

Y medidas para aplicar un "plan de urgencia y solidaridad social contra los efectos de la crisis". En este punto, Pablo Martínez Escanciano hizo hincapié especial en la importancia de "rescatar a las personas", aplicando medidas como una renta de ciudadanía para las familias sin ingresos, de 600 euros mensuales, a cambio de un trabajo de utilidad social y cursos de formación; la eliminación de los copagos sanitarios y a los dependientes; la paralización de los desahucios y una ley para la dación en pago, o la prohibición de los cortes de servicios básicos (agua, luz) para las familias en riesgo de exclusión social.