El diputado de IU-Verdes, José Antonio Pujante, ha criticado hoy la aprobación de la proposición de ley del PP en materia de suelo y ordenación del territorio al considerar que no corrige los problemas fundamentales que arrastraba la ley regional de 2005, sino que "los empeora y los agrava" y, además, "sigue siendo caldo de cultivo y cauce para la corrupción y la destrucción ambiental".
Según Pujante, la citada proposición apuesta por las principales figuras que han dado lugar a la corrupción urbanística y la desprotección del medio natural, que son, a su juicio, los convenios urbanísticos, las Actuaciones de Interés Regional (AIR) y el llamado teletransporte.
Sobre los convenios urbanísticos, ha resaltado que la experiencia ha demostrado que con ellos se abandona la idea de planificación racional de las ciudades, sustituyéndola por la construcción de "islas urbanizadas" en las afueras de los municipios "en función de lo que paguen en maletines de 500 euros algunos empresarios y piratas del ladrillo".
Respecto a las AIR, Pujante ha asegurado que, al igual que los convenios, implica "destrozar la idea de la ordenación racional del territorio", ya que la ley del PP "les hace prevalecer sobre otros instrumentos elaborados racionalmente, como son los planes y directrices de ordenación, cuando detrás de las AIR no suele haber ningún interés general, sino más bien particular".
El teletransporte es otra de las cuestiones criticadas por el diputado de IU-Verdes, quien ha recordado que el hecho de que suelos protegidos puedan generar aprovechamiento urbanístico va en contra de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y algunas sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.
Otros "defectos evidentes" de la proposición, en opinión de Pujante, tienen que ver con el "escaso relieve de la protección y defensa ambiental"; la "ilegal invasión" de competencias municipales y la "facilidad" que se da a los ayuntamientos para enajenar su patrimonio municipal del suelo, con los efectos que ello tiene en orden a la promoción de vivienda pública y la correcta dotación de servicios e infraestructuras.