Totana

FAPEN y CEBAG desmienten que la futura Ley del Suelo haya sido consensuada con la mayoria de las organizaciones empresariales vinculadas a CROEM

Muestran su apoyo al candidato a Presidente por el PP para que la aprobación de la Ley se traslade a la próxima legislatura, con el debate y consenso político y económico del que hoy carece

La Federación de asociaciones de propietarios en espacios naturales de Murcia (FAPEN), Y CEBAG (Confederación de empresarios del Bajo Guadalentín), integrantes de CROEM y con representación en su Junta Directiva; han manifestado a través de su Presidente común, José Luis Hernández, su perplejidad, por las noticias aparecidas en los medios de comunicación en las últimas horas en las que se afirma que hay un consenso entre el Gobierno Regional y CROEM y sus organizaciones empresariales sobre la futra Ley del Suelo, que justificaría supuestamente la aprobación urgente y sin los dictámenes del CES y el Consejo Jurídico. Lo que les ha sorprendido porque "no solo que no tenemos constancia alguna de que exista este consenso y acuerdo formal sino que es prácticamente imposible que hayan sido valoradas, y mucho menos negociadas y consensuadas por escrito, las graves divergencias sobre muchos aspectos esenciales de la Ley que se constataron en la reunión mantenida por el Consejero Bernabé y su equipo y una decena de representantes de organizaciones empresariales entre ellas el Presidente de FAPEN y CEBAG- el pasado día 3 bajo; la presidencia del máximo representante de CROEM, en la sede de esta Confederación; en la que se hicieron muy duras críticas y se evidenciaran serias discrepancias, sobre el procedimiento de tramitación y el contenido de la ley. Y también es prácticamente imposible -añaden desde FAPEN y CEBAG- que las alegaciones y propuestas de modificaciones a la ley que hemos propuesto algunas organizaciones empresariales FAPEN y CEBAG entre ellas- a través de CROEM, hayan sido valoradas, negociadas y consensuadas en 48 horas".

Según el Presidente de FAPEN y CEBAG, José Luis Hernández, "nosotros apoyamos plenamente la propuesta del candidato a Presidente por el PP Pedro Antonio Sánchez, de que la Ley del Suelo no se puede aprobar en esta legislatura, ya que es imposible que, una ley esencial y estratégica para regular las bases del uso del suelo y la ordenación estratégica del territorio y de la actividad económica de esta Región; pueda debatirse, negociarse y alcanzar un alto grado de consenso político, económico y social, en menos de un mes".

Según el Presidente de FAPEN y CEBAG, "es muy difícil de entender por los ciudadanos que el CES (Consejo Económico social) y el Consejo Jurídico, esté semanas -y a veces meses- debatiendo sobre un espacio natural de 15 o 20 has. o sobre la ley de los animales domésticos, y luego una ley que va a regular la ordenación del territorio y el suelo de más de un millón cien mil hectáreas de esta Región, se excluya del debate y el dictamen socioeconómico y jurídico del Consejo Económico y social y del Consejo Jurídico Regional. "Y además añade José Luis Hernández- nadie ha explicado aún las razones de la extrema urgencia en la aprobación y entrada en vigor de una ley, lo que daría cada vez más soporte a las especulaciones de que la urgencia, más que justificada por un supuesto interés público y general, puede estar más bien motivada por la supuesta solución a medida, a proyectos e intereses concretos, ante la posibilidad de que pudiese haber un eventual cambio de gobierno regional".

Según afirman desde FAPEN y CEBAG "puede que este consenso y requerimiento escrito, del que habla el Consejero Bernabé, sea del mismo carácter del que hablaba el día de la presentación del proyecto de ley, de que ya lo tenía consensuado con el sector de la construcción. Cuando el Consejero de Ordenación del Territorio parece que desconoce que en más del 90% del territorio de la Región de Murcia, el sector de la construcción no tiene ninguna incidencia ni siquiera indirecta. Y también que más del 55% del territorio de esta Región se dedica a la actividad agraria y agroalimentaria. Y que el 25% del territorio de esta Región está dedicada a espacios naturales protegidos, de la Red Natura 2000, que en más de un 60% es de propiedad privada. Y parece que desconoce el Consejero también añaden desde FAPEN y CEBAG- que ni los empresarios de la construcción ni sus profesionales más vinculados, representan ni al sector industrial, ni al del comercio, ni a la hostelería, ni al agrario, ni al agroalimentario, ni a los propietarios de fincas en espacios naturales, que representan desde FAPEN. Y que tampoco se puede hablar de consenso con CROEM, cuando el Consejero conoce que hay varias organizaciones empresariales integradas en CROEM que disienten abiertamente del procedimiento de tramitación y contenido de la Ley del Suelo".

"Porque según José Luis Hernández- si esa ley se ha consensuado solo con el sector de la construcción y no se han resuelto los graves problemas que se regulan del suelo y que plantean las actividades económicas y que afectan a diversos sectores y a decenas de miles de empresas; esta ley sería la ley del ladrillo, de la construcción, pero nunca una ley del suelo ni de ordenación ni regulación estratégica de todo el territorio de la Región de Murcia y de sus actividades y usos económicos y sociales".

Desde FAPEN y CEBAG añaden que "si se pretende forzar la aprobación de esta ley por decreto o, como dicen algunos por golpe de ladrillo y decreto, y sin un necesario consenso político ni económico ni social; si dentro de dos meses se diese una nueva mayoría política, estarían legitimados para derogarla o modificarla. Lo que no contribuiría a la mejora de la confianza y la seguridad jurídica y el consenso que requiere la actividad económica y empresarial por lo que finalizan desde FAPEN y CEBAG- hacemos un llamamiento al candidato a Presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, para evitar que se produzca un golpe de ley por decreto, cuya falta de consenso, o disenso, es evidente. Y parece que la urgencia, solo responde al interés particular de unos pocos proyectos y empresas, mientras que deja fuera de ordenación y en la más absoluta indefensión, a decenas de miles de empresas y empresarios de esta Región, que no tendrían la fortuna de que se le conceda el privilegio del régimen excepcional de una actuación de supuesto interés regional (AIR), que solo se reservaría a unos pocos proyectos y empresas de sectores muy privilegiados".

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