El sindicato participará activamente en la manifestación unitaria y estatal prevista para el mes de abril, probablemente el sábado 11 o el 18.

En paralelo a estas iniciativas, CCOO, sindicato mayoritario en la Función Pública, iniciará en los próximos días la recogida de firmas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que presentó el pasado 16 de diciembre contra la privatización del Registro Civil. Una vez superadas las dificultades administrativas en el Congreso de los Diputados, en el Senado y en la Junta Electoral Central, el sindicato se propone alcanzar lo antes posible las 500.000 firmas necesarias para que la proposición de ley de la ILP llegue al debate en el Congreso con el objetivo de paralizar la privatización de este servicio público, universal y gratuito.

Según las informaciones que están siendo publicadas en varios medios de comunicación, el Ministerio de Justicia, presionado por los registradores, está ultimando sus propuestas para reformar la Ley 20/2011 de Registro Civil e introducir enmiendas cuyo objetivo es compensar económicamente a los registradores mercantiles al hacerse cargo de este servicio público.

Para CCOO, el Gobierno falta a la verdad y pretende que se pague por servicios que hasta el momento son gratuitos o que son ajenos al estado civil de las personas. "Quieren pervertir el objeto del Registro Civil, ampliando los hechos objetos de inscripción a cuestiones absolutamente ajenas a este servicio público, para que los registradores puedan hacer caja con los nuevos hechos registrales".

Según lo publicado en los medios de comunicación, los registradores proponen que se incluyen como obligatorios y de pago actos como el registro de seguros o de actos de última voluntad, la inscripción de todos los poderes de las personas físicas y su revocación, la constancia registral del domicilio y la dirección a efectos de notificaciones, o la obtención del libro de familia, entre otros.

Además los registradores pretenden que la reforma incluya una disposición final que habilite al ministro de Justicia para aprobar en el plazo máximo de tres meses desde la publicación de la ley en el BOE, los aranceles correspondientes a las intervenciones de los registradores respecto de los asuntos, actas, escrituras públicas, hechos y actos inscribibles para los que resulten competentes conforme a lo dispuesto en la ley.

CCOO lleva meses denuncia la privatización de este servicio y seguirá reforzando esta campaña que incluye principalmente movilizaciones, la recogida de firmas de la de la Iniciativa Legislativa Popular, la interposición de recursos contencioso-administrativos contra la privatización o la petición al Parlamento Europeo para que se dirija al Gobierno español reclamándole que no puede privatizar el Registro Civil, pues en la mayoría de los países de la Unión Europea se mantiene en el ámbito público, y porque esa decisión es contraria a la norma europea.