IU-Verdes de la Región de Murcia ha dicho hoy que el PP "pretende consumir un golpe de estado ambiental y urbanístico" con las dos últimas proposiciones de ley que ha presentado en la Asamblea Regional, referidas a la ordenación territorial y urbanística y a la prevención y protección ambiental, respectivamente.

Pujante ha llamado la atención sobre el hecho de que a pocos meses de las elecciones autonómicas "el PP acelere la máquina legislativa prescindiendo del impulso tradicional de las leyes que ha venido realizando el Gobierno de la Región y optando por la tramitación de textos normativos a través del grupo parlamentario Popular".

De esta manera, "han obviado una vez más los dictámenes preceptivos del Consejo Económico y Social (CES) de la Región de Murcia y el Consejo Jurídico, que suelen ser rigurosos y casi siempre contrarios a las pretensiones del Gobierno".

A su juicio, este hecho "es aún más grave" en el caso de las dos proposiciones de ley, tanto por el alcance técnico-jurídico de las mismas como por la incidencia de estas normas en una materia tan sensible como el suelo, la ordenación del territorio y el medio ambiente "por derogar de manera completa el actual texto refundido de la ley del Suelo y, en buena medida, la ley de protección ambiental de la Región".

Tras señalar que pese a que aún no ha tenido tiempo de analizar en detalle el contenido de las proposiciones está "convencido" de que la utilización de la proposición en detrimento del proyecto de ley "esconde un empeoramiento legislativo sustantivo de ese ordenamiento jurídico que propiciará una mayor desregulación del suelo y ampliará las posibilidades de especulación urbanística y desprotección del medio ambiente".

Al respecto, ha apuntado que la última vez que el grupo parlamentario Popular utilizó la proposición de ley en materia urbanística fue con ocasión de la modificación de la ley del Suelo "al objeto de desproteger grandes superficies de espacios naturales protegidos, entre ellos Marina de Cope, que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional".