Ayer, 23 de enero de 2015, el Boletín Oficial de la Región de Murcia publica el Convenio de Colaboración suscrito por el Servicio Murciano de Salud y la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM). Se confirma así que el gobierno regional pone así, una vez más, los recursos de toda la ciudadanía al servicio de una empresa privada al permitir que los estudiantes de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) realicen las prácticas de sus estudios en hospitales públicos. Aún en plena crisis, los políticos de nuestra región siguen despilfarrando el dinero y los recursos de la ciudadanía murciana con el único objetivo de beneficiar a empresas privadas afines a su entorno; bien sea personal, bien ideológico, bien religioso, a costa de todos y todas las ciudadanas.

Como es bien sabido este convenio pone al servicio de una universidad privada valiosos recursos públicos sufragados con los impuestos de toda la ciudadanía. El pago de la irrisoria cantidad de 0,70 euros por hora de prácticas o el hecho de no priorizar a los alumnos de la Universidad Pública frente a los de la privada (lo que supone, de hecho, privilegiar a los alumnos que tienen más recursos económicos frente a aquellos que han demostrado su valía en los procesos de selección de la disciplina) son solo algunas de las condiciones que se han puesto en juego para hacer valer los intereses de la Universidad católica por encima de los de la ciudadanía murciana.

Podemos Murcia DENUNCIA que dicho convenio va en contra del interés general. Entendemos este expolio de los hospitales públicos en favor de una empresa privada, como un ejemplo más de las políticas de la casta, que se han dedicado en los últimos años a abundar en este tipo de prácticas, tanto en sanidad como en educación y, en definitiva, en el conjunto de los servicios sociales, conduciendo al conjunto de la ciudadanía a la situación de extrema necesidad y de déficit en la que se encuentra actualmente. Los contribuyentes, los usuarios de los Servicios Públicos de Sanidad y Educación y el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas murcianas tienen derecho a que el dinero de sus impuestos se utilice para dotarnos de servicios públicos más justos e igualitarios que suponga una mejora sustancial en la vida de las personas que los sufragan y no un ahorro que acabe engrosando aún más la cuenta de beneficios de grandes empresas privadas.