La nueva normativa, que se ha presentado hoy en la Asamblea, prevé una bolsa de inmuebles para alquiler social y preserva el derecho a la propiedad privada
También crea el Consejo de Vivienda y otorga rango legal al Servicio de Orientación e Intermediación Hipotecaria
El portavoz adjunto del Grupo Popular, Víctor Martínez, la ha definido como "la ley de todos los murcianos"
El consejero de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Francisco Bernabé, ha asegurado que la Ley de Vivienda de la Región de Murcia, que tiene hoy entrada en la Asamblea Regional, "es la más avanzada socialmente de toda España, ya que se configura como una norma de contenido eminentemente social, orientada a que todos los ciudadanos de la Región de Murcia puedan acceder a una vivienda en condiciones de igualdad y, especialmente, los colectivos con mayores dificultades, y que se materializa en medidas concretas en materia de vivienda protegida, fomento y participación del alquiler y mediación social".
Bernabé ha hecho estas declaraciones con motivo de la presentación conjunta del documento normativo por parte del Grupo Parlamentario Popular y de la Comunidad Autónoma, a través de la portavoz Severa González, y el portavoz adjunto, Víctor Martínez, y el Consejero y la directora general de Vivienda, Yolanda Muñoz, para su tramitación en el órgano legislativo regional, y ha destacado que presenta, entre otras novedades, "la creación de una Bolsa de Vivienda con las entidades financieras para hacer frente a desahucios y a situaciones de imposibilidad de acceso a una vivienda y la figura de la mediación social para estimular la puesta a disposición de viviendas desocupadas para alquiler social".
Medidas contra los desahucios
También destaca, entre otras medidas contra los desahucios, la plasmación legal del Servicio de Orientación e Intermediación Hipotecaria "como herramienta para prevenir, atender y paliar la pérdida de la vivienda habitual como consecuencia de ejecuciones hipotecarias. De este modo, las personas físicas en situación objetiva de insolvencia sobrevenida o riesgo de insolvencia por dificultades económicas imprevisibles o inevitables, que les impidan afrontar las obligaciones de pago contraídas, podrán acudir al Servicio y a las oficinas que los Ayuntamientos habiliten para la orientación y el asesoramiento sobre estas cuestiones".
Además, el texto normativo define lo que se considera vivienda protegida y crea el Consejo de la Vivienda de la Región de Murcia, como órgano colaborador de la Administración regional para facilitar la coordinación entre los distintitos agentes relacionados con el sector de la vivienda y promover el estudio y análisis de la evolución del mismo en la Región.
Cabe destacar que se recoge el pleno respeto al contenido esencial del derecho a la propiedad privada sobre la vivienda, sin perjuicio del fomento de la función social que debe desempeñar mediante el establecimiento de medidas que impidan la proliferación de viviendas sin uso o infrautilizadas.
Los principios generales que inspiran la normativa son de carácter social, medioambiental y administrativo.
Atención a colectivos en riesgo
Entre los primeros se encuentran la promoción e impulso de las acciones necesarias para que todos los ciudadanos tengan acceso a una vivienda digna; la protección de los derechos de aquellos que accedan a una vivienda, especialmente de quienes accedan a una vivienda pública; la oferta adecuada de vivienda pública, con especial atención a colectivos en situación o riesgo de exclusión social.
En el campo medioambiental, la garantía de la calidad y sostenibilidad de la vivienda, impulsando su construcción y uso de forma compatible con el medio ambiente y los recursos naturales, con la aplicación de técnicas de eficiencia energética, ahorro de agua y energías renovables, y prestando especial atención a las características sísmicas de la Región.
Finalmente, en el terreno administrativo, la seguridad jurídica, la transparencia, la igualdad de oportunidades y la discriminación positiva de determinados colectivos en la adjudicación de viviendas de promoción pública; la simplificación y racionalización de la actuación administrativa sobre vivienda; y el desarrollo y ejecución de una planificación acorde con las necesidades reales de los ciudadanos y de sus circunstancias personales, sociales, económicas y laborales.
Estos principios encuentran plasmación en una serie de disposiciones que les confieren revestimiento legal, entre las que cabe reseñar aquella que reconoce como sectores preferentes a las familias numerosas, familias monoparentales, personas dependientes o con discapacidad, jóvenes y mayores de 65 años, mujeres víctimas de violencia de género, personas afectadas por desahucios, víctimas del terrorismo, y colectivos con especial dificultad para el acceso a una vivienda en función de las condiciones socioeconómicas.
Protección a adquirentes y arrendatarios
También es destacable la regulación de medidas para la protección de los adquirentes y arrendatarios de viviendas, como la exigencia de que la publicidad destinada a promover la adquisición, arrendamiento o cualquier otra forma de cesión de vivienda aporte información clara, exacta y veraz de las características de las viviendas y sus anejos, sus servicios e instalaciones, y ofrezca la identificación del promotor o propietario, emplazamiento del edificio, descripción de la vivienda, precio y cargas o circunstancias especiales. También se requieren garantías sobre las cantidades entregadas a cuenta para la protección de los adquirentes de viviendas.
Finalmente, la Ley de Vivienda ofrece una amplia cobertura normativa a la vivienda protegida, que será aquella que así sea calificada por la Administración regional y cumpla los requisitos de calidad, diseño, superficie, uso, precio máximo de venta o renta y demás condiciones que establece la normativa sectorial aplicable.
Registro de demandantes de VPP
Destaca la constitución de un Registro de demandantes de viviendas protegidas (VPP) de la Región de Murcia, con el fin de garantizar los principios de igualdad, transparencia, objetividad y concurrencia en el proceso de adjudicación y adquisición o arrendamiento y de proporcionar a la Administración regional información actualizada y de utilidad para programar actuaciones de vivienda protegida adecuadas a las necesidades existentes, y en atención a la reserva de suelo regulada en la legislación urbanística.
"La ley de todos los murcianos"
Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Víctor Martínez, ha explicado que la ley "es el colofón" a una legislatura en la que, tanto desde el Gobierno regional como desde el Grupo Popular, "se ha trabajado para atender y dar solución a uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la sociedad como son el acceso a la vivienda y los desahucios".
En este sentido, Martínez ha destacado que el Gobierno de Rajoy "fue el primero en legislar para evitar desahucios y se ha hecho también desde la Oficina de Intermediación de la Región de Murcia".
En su opinión, "es la ley de todos los murcianos, porque pretende dar oportunidades a todos los ciudadanos de la Región, para que puedan acceder más fácilmente a una vivienda, y también para aquellos que están en riesgo de poder perder su vivienda". Además, ha destacado que se trata de una ley "que recoge las propuestas que durante toa la legislatura han aportado los sectores implicados en el seno del Consejo de Vivienda de la Comunidad".
El portavoz 'popular' ha criticado el texto en esta materia que ha presentado el Grupo Socialista, y que previsiblemente se debatirá a la totalidad el próximo día 28, porque "no pone soluciones y penaliza a quienes, con el esfuerzo y el trabajo de toda su vida han adquirido viviendas".
La portavoz del Grupo Popular, Severa González ha anunciado que tras el debate de totalidad del texto del Grupo Socialista, se establecerán ocho días de plazo para presentación de enmiendas parciales y, en torno al día 11 de febrero será aprobada en la Asamblea Regional.
Finalmente, el Consejero ha agradecido a todos los diputados del Grupo Parlamentario Popular que han participado el texto normativo, así como a la directora general Yolanda Muñoz y a los responsables jurídicos de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo por el "magnífico trabajo" desarrollado en la elaboración del mismo.