La operación se enmarca en la línea de actuación conjunta entre la Guardia Civil y las autoridades sanitarias contra el denominado "comercio inverso" de medicamentos

Hasta el momento se han producido 49 detenciones, de las cuales 12 corresponden a titulares y trabajadores de oficinas de farmacia por delitos de organización criminal, contra la salud pública y contra la hacienda pública

Se han efectuado siete registros en Barcelona, A Coruña, Lugo, Valencia y Madrid, donde se han localizado gran cantidad de fármacos, dinero y documentación

La Guardia Civil, en el marco de la operación NOISA, ha desarticulado una red dedicada al tráfico ilegal de medicamentos

producidos de forma controlada para personas que se encuentran bajo un tratamiento determinado, a través de la operativa conocida como "comercio inverso". Con este método y apoyándose en un entramado empresarial declarado en parte como almacén mayorista de medicamentos adquirían fármacos de diversa naturaleza directamente de un número considerable de farmacias distribuidas en diversos puntos de España eludiendo el canal regular de fabricación y distribución de medicamentos. Este sistema constituye una práctica prohibida, ya que las farmacias únicamente pueden dispensar a particulares y nunca a empresas o distribuidores.

La operación se ha desarrollado de manera conjunta con la Agencia Tributaria, que ha participado en los registros efectuados y se encargará de la cuantificación del fraude fiscal presuntamente cometido por la organización.

Los ofertaban principalmente fuera de España, por lo que han puesto en riesgo la salud del colectivo de personas que dependen de estos fármacos. Se ha detenido a 49 personas, de las cuales 12 trabajaban en farmacias.

En los registros efectuados, los agentes han incautado de gran cantidad de medicamentos, entre los que se encuentran más de 1.200 envases de medicamentos psicotrópicos, 1 revólver, 60.000 euros y 4.000 dólares, numerosa documentación, equipos informáticos y seis vehículos de alta gama. Igualmente se han intervenido numerosas cuentas corrientes y otros productos financieros.

La investigación se inició tras interponer una asociación infantil de lucha contra el cáncer una denuncia, donde se ponía en conocimiento de la Guardia Civil el desabastecimiento en el mercado de ciertos medicamentos para el tratamiento de enfermedades oncológicas.

A partir de la denuncia, la Guardia Civil realizó una investigación que permitió identificar a una organización perfectamente estructurada que operaba en todo el territorio nacional, especialmente en Barcelona, Coruña, Lugo, Valencia y Madrid.

Revendían los medicamentos fuera de nuestras fronteras obteniendo importantes beneficios

La trama investigada solicitaba a las farmacias medicamentos para posteriormente ser reenviados a empresas radicadas en el extranjero. El beneficio obtenido es que medicamentos adquiridos en España a precio de mercado tasado y regulado (más una comisión entregada a la farmacia que de este modo también se beneficia) se vendían en terceros países (fundamentalmente Dinamarca, Reino Unido, Suiza y Holanda) a precio de mercado libre muy superior obteniendo así cuantiosos beneficios.

De este modo se constató que la Oficinas de Farmacia, a través de sus proveedores habituales, obtenían los medicamentos requeridos por la trama, y una vez completado el pedido, contactaban con los investigados, con vistas a la recogida del mismo por personas contratadas para ello ("agentes") que se desplazaban hasta la farmacia, o bien mediante empresas de paquetería, efectuándose los transportes en condiciones que no garantizan una conservación adecuada de los medicamentos.

Para dificultar ser detectados, la organización creó un entramado de más de 40 empresas pantalla, que le servían de tapadera para justificar los envíos y cuadrar las actividades económicas.

Los efectos del "comercio inverso"

El desarrollo de esta operación, al igual que otras realizadas de forma reciente, ponen en evidencia los efectos negativos de este tipo de actividad, entre las que destacan:

Desabastecimiento del mercado interior, ya que para satisfacer las necesidades del sistema de salud español, los laboratorios farmacéuticos deben mantener en el mercado español una cuantía de medicamentos fijada por las autoridades sanitarias. Si una parte de estas dotaciones son exportadas de manera irregular y sin control al exterior, existen riesgos de desabastecimiento en España, provocando que los pacientes no puedan acceder a su medicación y poniendo en riesgo su salud.

Este ha sido uno de los principales efectos constatados en esta investigación, donde la operativa criminal ha afectado de manera notable a un colectivo de pacientes especialmente sensible, como son los enfermos de cáncer infantil.

Riesgo para la salud de los consumidores finales de los medicamentos traficados, puesto que al sacarlos del canal regular y legal de distribución, se pierde la trazabilidad y el control de los medicamentos, por cuanto dejan de estar sometidos a las medidas de conservación y seguridad adecuadas.

Perjuicios económicos para los fabricantes y distribuidores. Los fabricantes surten el mercado español a un precio tasado, mientras que en otros países compiten en un mercado libre que frecuentemente les reporta mayores beneficios. Abastecer a otros países de medicamentos mediante un reenvío de mercado paralelo con productos que inicialmente fueron vendidos en España a precio inferior, supone competencia desleal con los fabricantes.

Perjuicios para la Hacienda Pública derivados de la ocultación de operaciones, con la posible comisión de delitos fiscales y blanqueo de capitales. La mayoría de estas tramas operan en dinero negro sustrayendo al fisco los impuestos correspondientes.

La operación continúa abierta, habiéndose producido hasta el momento la detención de 49 personas, entre los que se encuentran 12 farmacéuticos por delitos de organización criminal, contra la salud pública, y contra la hacienda pública.

Entre los detenidos se encuentra el principal encausado de la organización, C.I.L.L., residente en A Coruña, quien a través de relaciones personales y familiares tenía un acceso y control absoluto de la organización y de las líneas de adquisición y distribución de medicamentos.

La investigación se ha desarrollado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Madrid en el marco de diligencias previas instruidas por el JI n° 46 de Madrid, con el apoyo de diversas Unidades de la Guardia Civil, y de manera coordinada y en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Grupo de Investigación GISS), las Consejerías de Sanidad-Inspecciones de Farmacia de varias Comunidades Autónomas, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).